Las cuentas de los grupos municipales en Málaga

La Diputación, con una partida de 626.400 euros al año, es la institución pública de la provincia que más dinero destina a los cinco partidos con representación en la corporación: PP (15 diputados), PSOE (11 escaños), IU (2 representantes), Ciudadanos (2 actas) y Málaga Ahora (1 escaño). Cada grupo recibe una asignación mensual fija de 7.300 euros más 500 euros al mes por cada uno de los diputados.

Tras la institución provincial se sitúa el Ayuntamiento de la capital con un gasto anual de 625.360 euros. PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente reciben mensualmente una cantidad de 7.322 euros más 500 euros por cada uno de los concejales. El Consistorio de Marbella es el tercero del ranking con 343.116 euros al año que se reparten populares, socialistas, los independientes de Opción Sampedreña, Costa del Sol Sí se Puede la marca apoyada por Podemos e IU, según los datos recabados.

En el lado opuesto, de las diecisiete instituciones analizadas por SUR las que menos dinero destinan a este concepto son Cártama, con 19.680 euros; cada partido recibe 200 euros mensuales por grupo y 40 euros al mes por concejal. Le siguen Estepona con una partida de 19.800 euros, donde cada grupo recibe 100 euros al mes de cuota fija y 50 euros por concejal; y Antequera con 25.200 euros (100 euros al mes por concejal y no hay una cantidad fija para el grupo). El resto de ayuntamientos se mueven en la horquilla de los casi 37.000 euros de Alhaurín el Grande y los 174.000 euros de Torremolinos.

¿En base a qué se establece este reparto? La ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 73, establece que el pleno de la corporación en la sesión de organización que se celebra tras la constitución del Ayuntamiento y con cargo a sus presupuestos anuales podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos que se constituyan en el Ayuntamiento, y otro variable en función del número de concejales. La cuantía estará dentro de los límites que establecen , con carácter general, los Presupuestos Generales del Estado.

Son los grupos políticos con representación en las corporaciones los que negocian las cantidades a asignar. Si no hay acuerdo, según fuentes consultadas, se mantienen las cantidades vigentes.

La ley actual no precisa el destino de dichas asignaciones, aunque establece dos prohibiciones, según explican fuentes jurídicas consultadas: no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial (inversiones).

En la práctica, según explicaron responsables de algunos partidos políticos, y ante la limitación de cargos de confianza en las instituciones públicas, los grupos suelen recurrir a la externalización de servicios como el asesoramiento técnico en economía, derecho o comunicación. Unos servicios que contratan con el propio partido y financian con el dinero público que reciben de la institución. Unas cantidades que el Ayuntamiento o la Diputación ingresa en una cuenta específica del grupo municipal y que gestionan los propios concejales o diputados provinciales.

Control

Para controlar el buen uso del dinero público, la ley establece la obligación para los grupos políticos de llevar una contabilidad especifica de la dotación que habrán de poner a disposición del pleno de la corporación, siempre que éste lo pida.

Además la labor de fiscalización recae sobre la Intervención municipal, que en cualquier momento puede pedir a los grupos políticos la justificación del uso de ese dinero público, aunque, según las fuentes consultadas, no suele ser una práctica muy habitual que este habilitado nacional solicite las cuentas. Y también controla el buen uso de los recursos el Tribunal de Cuentas donde los partidos políticos deben presentar anualmente sus cuentas.

«Hay mucho control de las cuentas a nivel nacional, autonómico y provincial y últimamente se está incidiendo en aumentar los controles sobre los gastos del dinero público en los municipios», apostillaron.

En esta información han colaborado : Héctor Barbotta, Agustín Peláez, Eugenio Cabezas, Alberto Gómez, Miguel Gámez, Leandro Pavón, Iván Gelibter, Antonio Guerrero y Vanessa Melgar.