La Diputación de Málaga, al descubierto

Con casi 180 años de historia, la Diputación de Málaga ve peligrar su futuro si finalmente se materializa el acuerdo de gobierno suscrito a nivel nacional entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera, donde se estipula la eliminación de estas instituciones y la creación, en su lugar, de un Consejo Provincial de Alcaldes. Un asunto polémico que genera división de opiniones entre los regidores malagueños y dentro de partidos como el PSOE e IU entre los partidarios de la supresión y los defensores de su vigencia; asimismo, es un tema complejo en la medida en que para su desarrollo habría que acometer una reforma de la Constitución Española las diputaciones vienen reguladas en el capítulo VIII de la Carta Magna cuando se habla de la Organización Territorial del Estado así como definir cómo se repartirían sus actuales competencias (fundamentalmente son instituciones centradas en la prestación de servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes), qué ocurriría con sus trabajadores, tanto funcionarios como empleados laborales, y quién asumiría los bienes que poseen.

En el caso de Málaga, la Diputación está gobernada desde 2011 por el PP, aunque tras las elecciones municipales del pasado año lo hace en minoría, bajo la presidencia de Elías Bendodo. En el actual ejercicio, la institución propiamente dicha y los siete entes dependientes de ella (Patronato de Recaudación Provincial, Consorcio Provincial de Bomberos, Turismo y Planificación Costa del Sol S. L. U., Consorcio de Aguas, Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Consorcio Monte Axarquía y Consorcio de Parque Maquinaria de Archidona) gestionarán un presupuesto de 293,3 millones de euros y cuentan con una plantilla global de trabajadores de 2.086. Una cifra que supone el 2,8% del total del personal al servicio de las administraciones públicas (estatales, autonómicas, locales y universitarias) en la provincia que es de 74.276, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública a julio de 2015 las últimas cifras disponibles.

En lo que es concretamente el presupuesto de la Diputación sin contar los entes dependientes es de 228,1 millones de euros, de los que el 30% 68,4 millones van al capítulo de gastos de personal; el de gastos corrientes, donde se incluyen el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios, los centros de atención especiales, los programas de cultura (Culturama, La Térmica,...), la promoción agroalimentaria de Sabor a Málaga y Made in Spain, políticas en medio ambiente senda litoral, gran senda, programa provincial de recogida de animales abandonados,... y deportivas, cuenta con 48,6 millones; en transferencias corrientes aparecen 37,5 millones, dinero que se da a los ayuntamientos para actividades de competencia municipal, para los servicios de recogida de residuos, bomberos, mantenimiento de depuradoras de aguas, políticas de turismo, de empleo y de nuevas tecnologías; para inversiones en patrimonio y carreteras la partida es de 13,3 millones y las transferencias de capital a los municipios para inversiones es de 32,3 millones el capítulo total de inversiones es de 45,6 millones.

Por su parte, el Patronato de Recaudación Provincial tiene un presupuesto para 2016 de 36,62 millones; el de los consorcios alcanza los 36,65 millones y de le empresa Turismo Costa del Sol es de 8,92 millones, según los datos aportados por el área de Economía y Hacienda que dirige Francisca Caracuel.

Competencias

En cuanto a sus competencias, la Diputación de Málaga se encarga de gestionar integralmente el agua (desde el abastecimiento a la depuración) en 42 municipios de las comarcas del interior con una población estimada de 100.000 personas; de recoger los residuos en 48 localidades de las zonas de Ronda, Antequera, Axarquía y Guadalhorce dando servicio a unos 130.000 malagueños y con varias plantas de tratamiento, entre ellas la de Valsequillo; distribuyen los fondos estatales para infraestructuras; desarrollan programas culturales y deportivos y el plan de obras y servicios; prestan asistencia jurídica, técnica y económica a las pequeñas poblaciones; y cuenta con un importante patrimonio en inmuebles y centros asistenciales y culturales.

Las diputaciones llevan tiempo en el punto de mira de algunos partidos (IU, Ciudadanos, UPyD y Podemos son grandes defensores de su desaparición) y de parte de la ciudadanía, especialmente aquellos que viven en las grandes ciudades, donde el papel de estas instituciones no es relevante. Además, la imagen de las diputaciones ha estado muy deteriorada fundamentalmente porque han sido vistas como agencias de colocación de los partidos que las gobernaban y un retiro de los veteranos de las formaciones y porque se ha puesto en cuestión su déficit democrático ya que la elección de sus representantes no es por día directa de los ciudadanos, sino de los partidos. A este respecto, Elías Bendodo lleva años defendiendo la elección directa del presidente de la Diputación Provincial. A todo ello, se une que ante los ataques las diputaciones no han sabido comunicar y explicar cuáles son sus funciones.