Las demandas por las cláusulas suelo se demoran hasta finales de 2018

El caso en cuestión tiene su origen en un procedimiento anterior de ejecución hipotecaria promovido por Unicaja frente a una pareja que adeudaba numerosas cuotas sin abonar del crédito para la adquisición de su vivienda habitual. El abogado Manuel Huertas, que representa a la familia, asegura que dejaron de pagar la hipoteca a raíz de una enfermedad grave de su hijo que supone un tratamiento muy costoso.

El Juzgado de Primera Instancia número 9, que entendía del asunto, puso fecha a la subasta de la vivienda, que se iba a celebrar el mes pasado. «La cifra que les reclama el banco incluye también las cantidades abonadas por la cláusula suelo, por lo que interpusimos una demanda pidiendo que se declare su nulidad y se aminore el total», explica Huertas.

El abogado malagueño dice que trató de paralizar el proceso en el juzgado de primera instancia mientras se resolvía el asunto de la cláusula suelo, pero afirma que todos sus intentos fueron en vano. «Finalmente aclara Manuel Huertas tuvimos que acudir in extremis a un juzgado de lo mercantil para que suspendiera la subasta», que hubiera supuesto el inmediato desahucio de la familia.

Con el auto en la mano, dictado un día antes de la celebración de la puja por la vivienda, el letrado se dirigió al juzgado de primera instancia, donde ya estaba todo preparado para la subasta, que acabó suspendiéndose.

La sorpresa vino al encontrarse la fecha en la que se señalaba la audiencia previa para estudiar la demanda por la reclamación de la cláusula suelo. Se celebrará en noviembre de 2018, lo que significa, a juicio del abogado, que la sentencia puede demorarse al menos cuatro años.

Ya han sido varios los profesionales que han denunciado los retrasos en los señalamientos para los casos de cláusula suelo motivados por la saturación que sufren desde hace tiempo los dos juzgados mercantiles de Málaga (sólo en lo que va de año han recibido más de 1.500 cada uno). En 2014, el letrado malagueño Carlos Comitre elevó al Defensor del Pueblo Andaluz una queja, en nombre propio y en el de unos clientes, después de que les dieran fecha para audiencia previa en 2017, dos años y medio después de la interposición de la demanda.

Perjuicio para el consumidor

En el documento presentado por el abogado se traslada la situación que tienen actualmente los órganos judiciales que se dedican a temas mercantiles, precisando, no obstante, que «pese a los excelentes profesionales que trabajan en ambos juzgados, está claro que están desbordados y la responsabilidad no corresponde a ellos, sino a la administración de justicia». Según el letrado, «cada mes que se retrasa un asunto de éstos sólo hay un perjudicado, el consumidor en este caso; los bancos sólo oponen estrategias dilatorias para retrasar lo que es, la mayoría de las veces, inevitable».

El cuello de botella puede resolverse a partir de octubre gracias a un cambio incluido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), publicada el 25 de julio en el Boletín Oficial del Estado. La novedad, como ya informó SUR (ver edición del día 26), radica en que las demandas individuales pasarán a ser competencia de los juzgados de primera instancia (civiles), mientras que los mercantiles sólo atenderán las colectivas, que son las menos frecuentes. Con esta novedad, los afectados podrán tener sentencia en un plazo de seis a ocho meses como máximo, en lugar de los, como mínimo, tres años actuales.