La Audiencia encadena cuatro juicios en un año por la corrupción en la 'era Gil'

Se trata de causas judiciales derivadas de las investigaciones del caso Malaya y de las querellas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción tras las informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Roca y Muñoz están acusados en tres de los cuatro procedimientos, mientras que Del Nido será juzgado solo en la primera de las vistas. Los tres están actualmente en prisión. Roca, cumpliendo condena por el caso Saqueo I, mientras que el exalcalde marbellí y el expresidente del Sevilla purgan pena por el caso Minutas.

Fergocon y caso desaladora

Inmediatamente después de las vacaciones judiciales, en concreto el 1 de septiembre, la Sección 8ª tiene previsto el inicio de la vista oral del caso Fergocon, por presuntas irregularidades en la contratación de obras por parte del Consistorio Marbellí entre 2001 y 2002. En total hay fijadas unas 25 sesiones que se celebrarán en dos meses.

José María del Nido y Julián Muñoz se enfrentan a 11 años de cárcel cada uno por delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documentos oficial y prevaricación. En este caso están también acusados dos hermanos del abogado sevillano, vinculados a la empresa Fergocon, que, según el fiscal, se constituyó para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia de Del Nido y de Muñoz. La acusación pública afirma que también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de Fergocon con personas relacionadas con uno de los hermanos del expresidente del Sevilla. En total se facturaron a una sociedad del Ayuntamiento de Marbella cinco millones de euros, por obras, unas veces con sobrecoste, y en otras por trabajos que nunca se realizaron.

El segundo de los juicios en la Audiencia Provincial tendrá como único acusado a Juan Antonio Roca, aunque inicialmente también lo estaba José Luis Sierra, el todopoderoso abogado de los primeros años del gilismo. Sierra padece alzhéimer y la causa contra él ha sido sobreseida. La vista oral comenzará el 21 de diciembre en la Sección 9ª. Se trata del caso desaladora y se remonta nada menos que a 1996 cuando el gobierno del fallecido Jesús Gil aprobó su construcción. Roca está acusados de un delito de malversación de caudales, por quedarse con casi 900.000 euros procedentes de las expropiaciones de los terrenos en lugar de pagar a los propietarios. El fiscal le pide una pena de ocho años de cárcel.

Goldfinger

Fuentes judiciales apuntan a que Roca podría llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, para beneficiarse de una rebaja sustancial de la pena, pues ya acumula tres condenas por los casos Saqueo I y II y Malaya, aunque las dos últimas aún no son firmes.

Tras el paréntesis navideño, Roca volverá al banquillo. Será el 11 de enero de 2016 en la Sección 8ª donde será juzgado por la operación urbanística y financiera en una parcela donde tenían su chalé el actor escocés Sean Connery y su esposa, conocido como caso Goldfinger. El exasesor urbanístico no estará solo en esta ocasión. Le acompañarán Julián Muñoz, seis exconcejales marbellíes, dos abogados, un empresario y varios exasesores fiscales y financieros.

Este caso se investigaron varios convenios del Ayuntamiento con dos sociedades una de ellas propietaria del chalé de los Connery sobre los que se edificó una promoción de 72 viviendas, así como operaciones financieras a través de un entramado societario.

Muñoz se enfrenta en este caso a cuatro años de cárcel por dos delitos urbanísticos y fraude, mientras que Roca a ocho años por los mismos delitos y por cohecho.

El tribunal pretende terminar este juicio el 11 de marzo, aunque ha elaborado un calendario de señalamientos en 27 sesiones que permite también el desarrollo paralelo de otro macrojuicio, el del caso El Pinillo, en el que también están acusados Roca y Muñoz y que comenzará el 15 de febrero en la Sección 3ª.

Caso El Pinillo

En el caso El Pinillo se juzgará una operación urbanística en la que hay una veintena de personas acusadas. Además del exalcalde de Marbella y el exasesor urbanístico, que se enfrentan a penas de 11 y 15 años de prisión, respectivamente, están también procesados varios exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), exfuncionarios municipales y empresarios.

El convenio urbanístico permitió la expropiación de una finca para construir un palacio de congresos, pero finalmente los terrenos fueron transferidos a terceros interesados en una promoción inmobiliaria, por lo que pasaron a ser urbanizables perjudicando al Ayuntamiento y a sus anteriores propietarios.

Este juicio tiene previsto quedar visto para sentencia el 31 de octubre de 2016.