Un adelanto que frena: viviendas ilegales, decreto litoral y metro

La ruptura del pacto de gobierno que los socialistas mantenían desde hace tres años con IU, y la destitución de los tres consejeros de la formación de izquierdas, cuyas áreas ya han sido repartidas entre miembros del gabinete de Susana Díaz, podrían hacer pensar que esto no tendría porqué ocurrir, pero lo cierto es que la precampaña electoral ya ha comenzado, y con ella, el más que probable aplazamiento de decisiones de gran calado.

Así, por ejemplo, en el caso de las obras del metro hasta La Alameda, la pasada semana se supo que la Comisión Consultiva de la Contratación Pública había dado vía libre para que el concurso siguiese adelante, pese a las dudas que despertó en la Consejería de Fomento, en manos de IU hasta ayer, la fuerte bajada de precios que habían ofrecido los licitadores, ya que una obra con un valor de salida de 44,6 millones de euros presentaba ofertas con rebajas por encima del 36%. Tras esta posición, la Consejería de Fomento decidió seguir adelante con este trámite, aunque el cese de todos los cargos de confianza nombrados por IU retrasará, con casi total seguridad, los plazos previstos.

Algo similar ocurrirá con el anuncio de modificación de la LOUA realizado por la presidenta andaluza el pasado septiembre para salvar de la amenaza del derribo a las viviendas construidas sobre parcelaciones en suelo rústico, una medida que podría beneficiar a 3.000 propietarios en la provincia. Tras un primer momento en el que los dueños de estos inmuebles construidos en el campo en la última década y media recibieron con satisfacción la noticia, se ha pasado ahora a la incertidumbre absoluta.

«Primero nos prometieron que iban a tramitarlo como un decreto-ley, luego dijeron que sería un anteproyecto de ley por la vía de urgencia, pero no entiendo qué quieren decir sus señorías cuando utilizan la palabra urgencia», aseguró ayer a SUR el concejal de Urbanismo de Alcaucín y portavoz del colectivo SOHA, Salvemos Nuestras Casas, el belga Mario Blancke. «Estas personas, que son la mayoría extranjeros de avanzada edad, no pueden esperar más», argumentó.

La aprobación definitiva del Plan de Protección del Corredor Litoral fue aplazada por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, a finales del pasado mes de noviembre, con una prórroga de seis meses. La medida mantiene paralizados los trámites para construir unas cinco mil viviendas en la costa malagueña, de las que 3.157 irían en la playa de Calaceite, en Torrox-Costa. El nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 22 de marzo deberá darse mucha prisa para poder aprobar antes de finales de mayo este documento.