Vecinos de El Olivar rechazan el centro de internamiento de menores delincuentes

La reconversión de la antigua residencia de las monjas de la calle Asunción, en la urbanización El Olivar de Churriana, en un centro de internamiento de menores delincuentes cuenta con el rechazo de los vecinos de la zona. La noticia de la adjudicación del correccional por parte de la Consejería de Justicia a la empresa Meridianos, por un valor de 20,8 millones, ha provocado malestar entre los residentes, que expresan dudas sobre la idoneidad de un centro de este tipo en una urbanización como El Olivar. Según comunicó la Junta, empezará a funcionar en mayo.

Mercedes de la Rosa es una de las vecinas de El Olivar. Convive con su marido y dos hijos pequeños en una casa unifamiliar. En una conversación con este periódico, denuncia que la Consejería de Justicia no habría consultado en ningún momento a los vecinos, que se habrían encontrado con la noticia como hecho consumado. «Ha habido un problema claro de transparencia», lamenta De la Rosa.

Además, esta vecina expresa la sensación de inseguridad que está provocando la puesta en marcha del centro. «Estamos hablando de unos niños que están internados ahí porque lo ha dictaminado un juez. Algunos son toxicómanos. Es normal que exista preocupación entre los vecinos», resalta.

En una primera reunión para analizar cómo canalizar el malestar, vecinos se citaron en la tarde del viernes a las puertas del colegio de Los Rosales. Las acciones de protesta irán por la vía administrativa y por convocar una manifestación para visibilizar el rechazo a la puesta en marcha de este centro.

Alejandro Vedia es uno de los presidentes de la comunidad de vecinos de El Olivar. Señala que los residentes de la zona ya ha formulado alegaciones dirigidas a la Junta y al Ayuntamiento de Málaga. En las mismas, se denuncia que la puesta en marcha del centro representa un cambio de uso no autorizado, según el PGOU.

«El inmueble se encuentra en suelo clasificado como UAS-5 por el PGOU de Málaga, con uso pormenorizado residencial unifamiliar. La implantación de un CIMI implica un cambio de uso hacia un equipamiento de uso privado en el que se desarrolla una actividad económica, dado que se alquila el inmueble para prestar un servicio retribuido de internamiento y asistencia. Esta transformación, en modo alguno, puede considerarse un uso alternativo o compatible», reza uno de los puntos de la mencionada alegación.

Por otra parte, se denuncia que las obras de adaptación, que aún no han concluido, «se están ejecutando mediante declaración responsable, lo que resulta incompatible con la naturaleza de las intervenciones proyectadas, al tratarse de un cambio de uso con modificación sustancial de aforos (más de 50 menores, y mínimo 20 asistentes por turno), instalaciones, distribución y funcionalidad«.

Con este centro, la provincia de Málaga volverá a contar con un centro de este tipo después de que el CIMI San Francisco-La Biznaga de Torremolinos cerrara en abril de 2021. De entrada, el centro operará hasta 2029 en esta ubicación y se suma a la red de centros que tiene la Junta en Andalucía.

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