La última comisión de transparencia del mandato, sin sobresaltos

A cada uno lo suyo. Los temas dudosos de urbanismo con multas o licencias, la publicidad o banner de la UCAM en correos personales de los ediles y de consejeros de distritos, si los auxiliares administrativos hacían labores de recaudación de dinero en la empresa de aparcamientos Smassa o las expropiaciones conforme al PGOU de 1997 que al PSOE le parecían elevadas se debatieron. Y esta vez, con papeles. De hecho, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, hablaba de que podría haberse hecho una guía en Secretaría General de cuáles eran los expedientes según las mociones de la comisión, ya que en algunos casos había una buena cantidad de ellos.

Para empezar, Brenes se quejaba de la entrada a través de su correo hotmail de una convocatoria de la junta de distrito de Campanillas con un banner de publicidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), un asunto que ya había abordado esta sección, y en el que finalmente, además del director del CEMI, David Bueno, entró a explicarle «didácticamente» el concejal de Nuevas Tecnologías, el también presidente Mario Cortés, que eso de que las 'cookies' nos invadan y nos hagan seguimiento en Internet a nuestros gustos tiene contrapartidas. Brenes juraba y perjuraba que no había entrado en la página web de la UCAM para ver cómo le llegaba propaganda de ésta su mail particular, por lo que Bueno le acabó recomendando que, por seguridad, sólo utilice el correo corporativo. Es más, dentro de poco el equipo de gobierno del PPquiere poner en marcha unas normas de utilización del correo corporativo, que está 'securizado', nueva palabreja cibernética para aprender.

Hubo reproches de Brenes por los gastos de expropiaciones de 53.000 metros cuadrados de terreno por valor de 40 millones de euros, que el gerente de Urbanismo, José Cardador, le explicó que estaban en el PGOUdel 1997 con esta calificación, para uso municipal, de viario y zonas verdes, y que por tanto al Ayuntamiento le tocaba expropiar. Llamaba la atención, sin embargo, que la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se quejara de que una vivienda en Amador de los Ríos se había expropiado por 137.000 euros, «un precio escaso» a lo que Cardador explicó que la familia había pedido 749.000 euros, que el Ayuntamiento tasó en 137.000 euros y que la comisión de valoración certificó este último precio. El asunto está en el Supremo, y el gerente de Urbanismo dijo que dará cuenta de la sentencia.

Se abordó las obras que había realizado una empresa vinculada con Fernando Francés, nuevo secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, pero que se ejecutaron cuando era gerente del CAC. El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, insistía en que se debía haber realizado un informe para la Consejería de Cultura antes de iniciarse las obras en los edificios de las calles Álamos, 37 y Madre de Dios, 11 porque tenían protección arquitectónica. La jefa de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz Pastrana, explicó que ambos edificios tenían licencia de obras del 4 de diciembre y 30 de noviembre de 2018 respectivamente, y aunque Zorrilla reiteraba en que el promotor debía haber realizado un estudio previo para Cultura, Cardador explicó que el 9 de octubre de 2018 la propia Consejería de Cultura daba por buena la subsanación solicitada a Urbanismo.

Otro de los asuntos a tratar fue las obras realizadas por una empresa Iniciativas Loram, de la que el exconcejal popular José Luis Ramos es administrador único, en la calle Comedias, 22, de la que Zorrilla pedía explicaciones por una infracción urbanística. Cardador explicó que finalmente había sufrido dos expedientes de infracción, uno de 899 euros por iniciar obras legalizables pero sin licencia, y otro de 12.600 euros por haber incumplido la orden de la suspensión de las obras.

Por último, el gerente de Smassa, Raúl López, aclaró a preguntas del edil de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que el Ayuntamiento y la empresa habían perdido la demanda que interpusieron a un empleado de Smassa, que ellos consideraban directivo y que el TSJA ha fallado que es laboral ordinario. El jefe de Servicio, además, ha interpuesto un recurso de casación al Supremo para demandar que al ser laboral se le aplique el convenio colectivo de la empresa.