Los taxistas meten presión al Ayuntamiento de Málaga para que regule los VTC

Protesta de los taxistas de Málaga a finales de julio./Ñito Salas
Protesta de los taxistas de Málaga a finales de julio. / Ñito Salas

Convocan una protesta para este jueves para exigir la adopción de medidas que limiten la actividad de Uber y Cabify en la ciudad, tal y como recoge el decreto aprobado por el Congreso

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Los taxistas vuelven a la acción en su cruzada contra la proliferación de vehículos de turismo con conductor (VTC). Tras comprobar que el panorama apenas ha cambiado desde el decreto que el Gobierno aprobó el 28 de septiembre y que fue convalidado por el Congreso el 25 de octubre para habilitar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a regular la actividad de estos servicios que se prestan a través de plataformas como Uber y Cabify, los taxistas de Málaga volverán a echarse a la calle este jueves para exigir al Ayuntamiento de la capital que tome medidas para limitar la presencia de VTC en la ciudad. Coincidiendo con la celebración del pleno ordinario en la Casona del Parque, el grupo de movilización del taxi ha convocado al sector a una concentración a las puertas del edificio consistorial. Desde esta plataforma integrada por las asociaciones del sector se ha pedido a los asistentes que acudan a pie para evitar que se repita el corte del Paseo del Parque que provocaron el pasado verano, pero no se descarta que algunos puedan ir con sus coches. «Es una medida de presión hacia los dirigentes políticos, no a los ciudadanos, así que se ha organizado una movilización a pie para no perjudicar a los malagueños, sobre todo por el tráfico tan complicado que hay en el Centro por las obras en la Alameda», apunta el portavoz de este colectivo, Jesús Báez.

En cuanto a los motivos de volver a salir a la calle, argumenta que desde que se aprobó el citado decreto «no se ve por parte de la Junta, inmersa en un proceso electoral, ni de los ayuntamientos de los diferentes municipios implicados ningún interés en ejercer o por lo menos comenzar a trabajar en el borrador de esas regulaciones que entendemos son imprescindibles para que el taxi pueda competir de forma equilibrada». En este sentido, el sector del taxi reclama que las administraciones se pongan ya a trabajar en la implantación de una segunda licencia para los VTC que será necesaria para que puedan servicio íntegramente en una determinada ciudad. Así lo contempla la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aunque da cuatro años de margen para que sea obligatoria esta segunda autorización, que será complementaria a la nacional, la cual seguirá vigente para trayectos entre distintos municipios.

Mientras tanto, para lo que sí que tienen potestad los ayuntamientos es para regular la actividad mediante turnos de trabajo, el sistema de contratación, el régimen sancionador e incluso las características técnicas de los vehículos, al igual que ya hacen con el taxi. En este sentido, el sector tradicional considera que un paso a dar sería restringir la circulación en determinadas zonas, como puede ser el Centro de Málaga. «En Sevilla y Córdoba ya están empezando a trabajar en esa línea», afirma Jesús Báez. «Queremos recordarles a nuestros representantes que el taxi necesita que se comience a regular ya. Somos un colectivo que igual que otros tienen que cumplir unas normas dictadas por los ayuntamientos y no entendemos que se permita a empresas privadas, que vienen a ejercer una labor similar a la nuestra, pueden trabajar con una libertad y una normas tan vagas», remarca.

Como ya informó este periódico, los ayuntamientos de la Costa (la zona del país con mayor competencia entre ambos servicios con una licencia de VTC por cada 2,3 taxis) no se atreven a mover ficha hasta tenerlo todo bien atado y, mucho menos, a tomar medidas cada uno por su cuenta. Los equipos jurídicos y técnicos de los ayuntamientos de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella siguen analizando todos los pormenores del decreto, pero ponen sus miras en la Junta de Andalucía con la premisa de que sea la Administración regional la que establezca una hoja de ruta. La cuestión es que la maquinaria autonómica está a expensas del resultado de las elecciones de este domingo.

 

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