La EMT recurre la deuda de 4,7 millones que le pide Hacienda por el IVA de 2013 y 2014
La empresa municipal solicita la suspensión de la liquidación de la Agencia Tributaria, que considera que el dinero que le inyecta el Ayuntamiento debe estar gravado
La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) está dispuesta a apurar todas las vías legales, primero administrativas y, llegado el caso, también las judiciales, para eximirse ... de los 4,7 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria en concepto de IVA. Tal y como informó este periódico, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda le exige el 10% del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a las transferencias recibidas del Ayuntamiento en 2013 (22,5 millones) y 2014 (24,4) para cubrir el déficit de explotación, que es la diferencia entre el coste del servicio y lo que los usuarios pagan por el billete. Esta subvención se realiza cada ejercicio y siempre aproximadamente rondando esa cantidad, pero la inspección se circunscribe únicamente a esos dos periodos fiscales. La intervención viene motivada por el cambio de criterio que Hacienda adoptó en 2016, momento a partir del cual empezó a considerar que las aportaciones al transporte público tenían que gravarse con el IVA puesto que estas inyecciones económicas permiten bajar el precio de billete.
Esta circunstancia no es exclusiva de la EMT, sino que otras sociedades públicas de transporte urbano como las de Sevilla o Córdoba también se están encontrando con expedientes similares. Por ello, ante la presión del propio sector a nivel nacional a través de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC) –presidida por el gerente de la EMT, Miguel Ruiz– el Ministerio de Hacienda dio marcha atrás el año pasado incluyendo en la Ley de Contratación del Sector Público una disposición final que modifica la regulación del IVA en la que se precisa que «no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de contraprestación las aportaciones dinerarias que las administraciones públicas realicen para financiar la gestión de los servicios públicos».
El departamento que dirige Cristóbal Montoro rectificó, pero lo hizo de forma parcial, ya que el nuevo texto legal no tiene carácter retroactivo. Así, no abrirá nuevos procedimientos, pero sí que seguirá adelante con los iniciados antes del 9 de noviembre de 2017, día en el que la citada ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Primer paso
Ante esta situación, el primer paso que acaba de dar la EMT ha sido la interposición de una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía solicitando la suspensión del acuerdo de liquidación, para lo que ha tenido que aportar un aval bancario por valor de los 4.690.160,78 euros exigidos, tal y como acordó el consejo de administración de la entidad el pasado viernes 9. En caso de ser desestimada esta paralización del expediente por el órgano tributario, la empresa municipal acudiría a los tribunales mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Sobre esta cuestión se habló ayer en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos parlamentarios a excepción del PP presentaron una proposición no de ley (propuestas no vinculantes) instando al Gobierno a retirar estos expedientes.
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