La rebelión de los agricultores de los cítricos llega a Málaga: «Prefiero regalar los limones a que me roben»

Los números no engañan: la malla de un kilo de limones está alrededor de los dos euros en los supermercados. Lo que reciben los agricultores en origen, en estos momentos, está en los 20 céntimos. «Una ruina», asegura Alfonso Ramírez, que tiene una finca de limones de ocho hectáreas. Ramírez tiene 53 años y vive en Alhaurín de la Torre. Es uno de los muchos profesionales del campo que cultivan cítricos en el Valle del Guadalhorce. En las actuales circunstancias, le sale más rentable dejar que los limones se pudran en el árbol que cosecharlos. Y justo eso es lo que está pasando.

Los 20 céntimos que señala la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la asociación que ha convocado esta acción de protesta, le parecen hasta generosos. «A mí me acaban de decir que me pagan 4.000 euros por los 50.000 kilos que he cosechado. Si hago las cuentas, apenas me pagan doce céntimos por el kilo», lamenta Ramírez. «Prefiero regalar los limones a que me roben», sentencia con indignación.

Cuando se le pregunta por quién se queda con los márgenes, este agricultor responde lo siguiente: «Distribuidores y supermercados. Están especulando con nuestro trabajo. Ellos se forran y los agricultores no tenemos ni para comer». La cadena de distribución, que va desde que se recoge el producto hasta que acaba en los lineales, estaría plagada de «aprovechados» que estarían haciendo un buen negocio.

El secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, denuncia una situación que considera insostenible, a la vez que pide al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tomen medidas: «Al agricultor le cuesta producir un kilo de limones 35 céntimos y se lo están pagando por debajo de 20. En muchos casos, incluso, tiene que pagar el porte a las industrias. No es de recibo que el consumidor esté pagando el precio en grandes superficies a dos euros o por encima de los dos euros. Aquí, la ley de la cadena alimentaria no está funcionando».

En teoría, la ley de la cadena alimentaria, aprobada por el Gobierno central en 2021, regula el proceso de formación de los alimentaos de tal manera que garantiza al agricultor un precio justo, que en ningún momento puede estar por debajo de los costes de producción. En la práctica, denuncia UPA, la ley no se estaría aplicando. Moscoso apuntó con sus críticas a todas las direcciones: Gobierno central, Junta de Andalucía y Unión Europea. Las actuales políticas agrarias, aseguró, están poniendo en peligro la viabilidad del sector agrario.

Para ejemplo, los limones del Valle del Guadalhorce que tienen que competir con limones procedentes de Sudáfrica. «¿Cómo se permite que nos paguen estos precios a los productores locales al mismo tiempo que se deja que los supermercados se llenen de limones de Sudáfrica?», se pregunta Moscoso, a la vez que suplica al consumidor que mire el origen de los productos que consume.

Juan Antonio Siles, el responsable de comunicación de UPA, lamenta que en los últimos años se han aumentado cada vez más las exigencias a los agricultores, por las exigencias que pondría la Unión Europea. Exigencias que se traducen en un aumento de los costes de producción. «El limón es el ejemplo perfecto. Aquí un jornal para recoger el limón le cuesta a los agricultores unos 70 euros. Todos queremos que nuestra gente gane más y pueda vivir de manera digna, pero, entonces, no permitas que entren limones de Sudáfrica, donde el jornal se paga a cinco euros, y si acaso...», detalla.

Por ahora, las protestas de los agricultores se quedarán en acciones simbólicas como la que se ha realizado este jueves en la plaza de la Marina. Sin cortes de carretera o sin protestas que puedan ser tachadas como violentas. «Si esto sigue así, a lo mejor es tiempo de parecernos un poco más a Francia», admite Siles.