La rebaja de la plusvalía por herencia vuelve a quedar aparcada en Málaga

Si a finales de 2019 los trámites para modificar la ordenanza del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) quedaron aparcados para darle prioriodad a la aprobación de los presupuestos municipales (hito que se alcanzó en febrero), ahora es la sacudida económica que la pandemia ha provocado en las arcas públicas la que vuelve a echar el freno. En el Área de Economía apelan a la prudencia para cuadrar las cuentas antes de abordar esta cuestión. No en vano, la plusvalía por herencia aporta unos ingresos anuales de aproximadamente 19 millones de euros.

«Ahora mismo estamos recomponiendo el presupuesto, porque tenemos el déficit que padecen algunas empresas municipales y además debemos atender lo urgente para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y el gasto social», explica el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien también insiste como solución a la situación que atraviesan los ayuntamientos en la «necesidad de que el Gobierno central permita usar el superávit», que el año pasado fue de 48 millones de euros y actualmente sólo se puede destinar a amortizar deuda, para cubrir estos gastos extraordinarios y seguir ayudando a los malagueños afectados por esta crisis.

De esta forma, continúa en el aire el cambio normativo para extender las bonificaciones en los supuestos de 'mortis causa' que plantea el Consistorio para dar respuesta a la presión política y social contra este impuesto. Aun sin concretar fechas, sí que se antoja complicado que pueda ser realidad este año. En este sentido, cabe precisar que a diferencia de lo que ocurre con otros tributos y tasas municipales, la plusvalía no tiene que entrar en vigor a 1 de enero.

Cambian los plazos pero, de momento, no la propuesta que el Área de Economía tiene sobre la mesa. La medida contempla dos escenarios en función de si el adquirente compartía techo con el causante. En el primer supuesto, la obligatoriedad de la convivencia se reducirá de dos a un año (incluyendo también situaciones de hospitalización o ingreso en centro asistencial) para que el recibo se quede en el mínimo del 5% que establece la Ley de Haciendas Locales. Y, además, se concedería la bonificación más alta a todos los inmuebles con independencia de su valor catastral, a diferencia de lo que ocurre ahora, que sólo se aplica cuando ese valor es inferior a los 100.000 euros y a partir de esa cuantía va descendiendo hasta el 25% para viviendas de más de 250.000 euros.

Si, por el contrario, no se puede acreditar esa convivencia, que es lo que sucede en Málaga a nueve de cada diez declarantes, se establecería una rebaja progresiva del 12,5% anual durante ocho ejercicios consecutivos hasta dejar prácticamente en nada este tributo. En el primer año, este descuento se aplicaría siempre que los ingresos totales de la persona beneficiaria no superen en 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, para rentas inferiores a los 18.797,9 euros anuales. A partir de siguiente ejercicio, se otorgaría a todas las liquidaciones 'mortis causa' sin condicionantes económicos.

De este modo, en el supuesto de un hijo que herede el inmueble de sus padres fallecidos en el primer año de vigencia del futuro cambio normativo, si convivía en la residencia familiar abonaría sólo el 5% de la cuota, mientras en caso contrario pagaría el 87,5%. Según las estimaciones municipales, la reducción del requisito de la convivencia a un año beneficiaría cada ejercicio a unas 2.500 familias (ahora son 1.900, el 13% del total), mientras otras 12.500 verían rebajada la cuota.