Los promotores de Málaga plantan cara a las instituciones: «Se habla de emergencia habitacional mientras se bloquean nuevas viviendas»
El presidente de la ACP reclama a las administraciones medidas «valientes» para declarar la emergencia de los proyectos residenciales y que se ponga en el mercado más suelo listo para edificar
El castillo de Gibralfaro de Málaga ha sido un verano más el escenario en el que se ha celebrado, este jueves, el encuentro anual de ... la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), un evento marcado de nuevo por el acuciante problema de acceso a la vivienda que provocan la escasez de oferta y la escalada de los precios. En esta ocasión, el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, ha hecho un firme llamamiento a las administraciones públicas para que tomen medidas urgentes y efectivas que faciliten la construcción de nuevas viviendas.
«Detrás de cada demanda no atendida, de cada cifra, existe la historia de un joven que no puede emanciparse, de una familia que no puede formarse o de un mayor que no encuentra un lugar donde poder vivir dignamente», ha señalado Rosillo, quien ha insistido en que, para resolver este problema «es importante que quienes pueden cambiar las cosas nos escuchen, nos atiendan y actúen». «No podemos construir donde no hay suelo, ni podemos urbanizar donde las tramitaciones se eternizan, o donde no existe financiación o donde la legislación supone un laberinto sin salida», ha denunciado.
Por ello, ha criticado que todo se centre en la polémica de los 'minipisos': «Nos encontramos en un escenario en el que, mientras debatimos si un piso tiene que tener 40 ó 50 metros como mínimo, muchos jóvenes se tienen que conformar con alquilar una habitación en un piso compartido». Juan Manuel Rosillo ha exigido a los ayuntamientos que no utilicen la falta de infraestructuras como argumento para frenar la construcción de viviendas. «Cada 5.000 viviendas que no se construyen suponen 400 millones de euros que dejan de ingresar las arcas públicas, recursos que podrían destinarse precisamente a las infraestructuras que tanto necesita nuestra provincia», ha defendido.
Los empresarios exigen que los municipios se sumen cuanto antes al decreto de la Junta para favorecer la construcción de VPO
Además, se ha preguntado por qué «los presupuestos públicos en materia de vivienda son tan bajos, cuando es el único pilar del estado del bienestar que aporta a las arcas públicas más de lo que consume». «Por cada vivienda nueva que se vende, un tercio de su precio se recauda en impuestos. ¿No deberían dedicarse, al menos en parte, estos recursos a políticas activas que permitan el acceso a la vivienda?», se ha cuestionado.
Asimismo, Rosillo ha criticado que la mayoría de los municipios malagueños no se hayan adherido aún al decreto de la Junta que facilita la construcción de VPO desde principios de este año. «Es difícil de justificar que se hable de emergencia habitacional mientras se bloquea la posibilidad de construir más viviendas. Si es una emergencia, el decreto no puede ser opcional», ha reclamado.
«El problema de la vivienda no se soluciona con discursos de empatía, sino con decisiones y propuestas valientes», ha insistido el presidente de los promotores, quien ha apuntado la necesidad de declarar la emergencia y el interés público de la construcción residencial, facilitar financiación pública y privada para que haya más suelo listo para edificar, dar carta blanca para realizar más metros cuadrados de techo en proyectos sostenibles, y ayudar a los compradores de VPO «bonificándola fiscalmente o subsidiando los tipos de interés», ha dicho.
Dos exministros reivindican un pacto entre las instituciones
En una de las mesas del encuentro, moderada por el presidente de Fadeco Promotores, el malagueño Ignacio Peinado, han intervenido los exministros Íñigo de la Serna, que ocupó la cartera de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy, y Jordi Sevilla, que llevó la de Administraciones Públicas bajo el mando del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos han coincidido en la necesidad de que se produzca un pacto entre instituciones para adoptar medidas de choque ante la actual crisis habitacional.
«Hace falta un pacto de Estado por la vivienda porque las competencias están muy repartidas. Conviene cerrar un acuerdo para dar estabilidad a las medidas por encima de los mandatos políticos», ha señalado De la Serna. En el mismo sentido, Sevilla ha aseverado que resulta «imposible resolver un problema como el de la vivienda sin que el Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos se pongan de acuerdo».
Al término del evento, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado que el anteproyecto de la nueva ley de vivienda andaluza llegará al Parlamento andaluz a la vuelta del verano, y ha criticado la norma estatal que se aprobó hace dos años. «Tengo que volver a pedir que se anule esa ley de Pedro Sánchez porque está expulsando viviendas del mercado», ha afirmado Díaz.
Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha manifestado ante la consejera su deseo de que los proyectos urbanísticos de Lagar de Oliveros y en la vega de Campanillas, con un amplio porcentaje de VPO, puedan entrar en la aceleradora de proyectos de la Junta. «Necesitamos ver decenas de grúas en Málaga para dar respuesta a la demanda tan fuerte en venta y en alquiler», ha apuntado el regidor, quien ha vuelto a defender una buena movilidad metropolitana para que trabajadores de la capital puedan residir en municipios cercanos como Cártama, Rincón de la Victoria o Torremolinos.
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