La promotora de Córdoba que construirá VPO junto a Intelhorce prevé pisos entre 125.000 y 140.000 euros

Esas casi 1.200 VPO están divididas en tres tipos, desde las más económicas, hasta las más caras, que tienen fijados unos precios máximos por metro cuadrado útil respecto a los que Bucéfalo ha ofrecido diferentes porcentajes de rebaja, por encima de los aportados por la docena de promotoras que también aspiraban a hacerse con estos suelos. Las bases del concurso otorgaban un 75% de los puntos a la reducción de los precios de venta o alquiler de las VPO, y un 25% a las medidas que se propusieran para favorecer el bajo consumo de energía de cada edificio.

Finalmente, esta promotora cordobesa, especializada en la construcción de viviendas bajo el régimen de cooperativa, ha barrido en el resultado del concurso con unas reducciones muy significativas de los precios fijados por norma para las VPO y por las mejoras energéticas. Así, en el caso de las que en teoría podrían ser más caras (314 en total), el precio del metro cuadrado útil lo reduce de 2.523 a unos 1.950 euros, lo que arroja viviendas entre 137.000 y 129.000 euros, de unos 70 metros cuadrados, más IVA, y sin incluir garaje y trastero.

En las VPO de coste intermedio (las denominadas de régimen general, que en total suman 249), el precio de 2.144,55 euros por metro cuadrado útil baja, con la oferta de Bucéfalo, hasta 1.964 euros en el caso de las parcelas de Cortijo Merino, y hasta 1.976 euros en las de Distrito Zeta (Sánchez Blanca). Esto deriva en unos precios aproximados de unos 145.000 euros en el caso de Cortijo Merino, y de 138.000 euros en Distrito Zeta.

Por último, para las VPO más económicas (las de régimen especial), de las que estos suelos municipales pueden dar cabida a 605 pisos en total, el precio tope oficial de 1.892 euros por metro cuadrado útil se queda, con la disminución de Bucéfalo, en 1.783 euros en el caso de las parcelas de Cortijo Merino, y en 1.790 euros en el caso de las de Distrito Zeta (Sánchez Blanca). Esto supondría que, en el caso de Cortijo Merino, podrían venderse pisos 70 metros cuadrados por unos 125.000 euros (más IVA, y sin incluir anejos); y en Distrito Zeta, por una cantidad similar.

No obstante, la construcción de estas viviendas depende aún de que esta promotora cordobesa sea confirmada por el Instituto Municipal de la Vivienda como adjudicataria de los suelos, que todavía se encuentran inmersos en obras de urbanización para que pueda construirse en ellos.

Asimismo, sus compradores se escogerán por sorteo en el Registro de Demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a ingresos para poder optar a estos pisos. Así, en el caso de las 605 viviendas más económicas, los ingresos de los compradores no pueden superar 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que actualmente serían 25.200 euros al año. Para las 249 de régimen general, ese tope salarial se amplía hasta 28.800 euros al año en doce pagas (4 veces el IPREM), y para las 314 de mayor precio sube hasta 39.600 euros al año (5,5 veces el IPREM).

El Consistorio ha marcado en este concurso unos plazos que obligan a la empresa adjudicataria a no dilatar el inicio de las diferentes construcciones. Así, tiene seis meses para solicitar la licencia de obras desde que se eleve a público el contrato de obtención de los terrenos. Y, desde la obtención de la licencia y la calificación de las VPO, tiene un máximo de 30 meses para construir las viviendas, por lo que no estarían listas al menos hasta finales de 2027. Además, el Ayuntamiento fijó un plazo máximo de seis meses para que se entreguen desde que obtengan los certificados finales de obra y calificación. Los sorteos para adjudicarlas podrían llevarse a cabo una vez que estén en marcha las obras, ya que lo habitual es que se adjudiquen muy pocas entre las listas de seleccionados y suplentes, y tenga que abrirse una venta abierta por orden de llegada.

De igual modo, también se contemplan sanciones. Por cada mes de retraso que la promotora genere respecto a estos plazos, el IMV la penalizará con una multa económica del 0,5% del valor del contrato de cesión del suelo, que se corresponde con el valor del terreno. Además, podrá sancionarla con un 0,1% de esa cantidad económica por cada vez que no permita el acceso de los técnicos municipales a las obras. Y también está contemplada la posibilidad de retirarle la concesión del suelo si el Consistorio observa un incumplimiento reiterado y prolongado de sus compromisos.