La Casona del Parque

Personas sin hogar: Málaga reconoce que debe sacar otro concurso «más garantista» para atenderlas

La comisión de Derechos Sociales, a petición del PSOE y Con Málaga, ahondaba en el pliego para privatizar el albergue municipal, aunque el concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, insistía en que se trata de externalizar, como si la propia palabra ya no llevase implícito lo que es. Lo cierto es que el concurso para cerrar el actual albergue municipal, edificio público del Ayuntamiento de Málaga (en la calle Donoso Cortés, 3), que los funcionarios pasen a realizar labores dentro del área de Derechos Sociales y privatizar toda la gestión en tres centros más pequeños repartidos por la ciudad, de manera que se lograra «minimizar el impacto que este tipo de equipamiento puede tener en el entorno donde se ubica», no ha salido adelante.

El pliego, que hubiese tenido validez por cinco años para un total de 105 plazas, se quedó desierto, según dictaminó la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga el pasado 9 de mayo. La oposición, tanto el PSOE como Con Málaga así como los propios trabajadores del centro, cuya subrogación no estaba garantizada en todos los casos, han venido diciendo desde el pasado mes de diciembre que el concurso contenía déficits importantes y que no garantizaba el servicio de forma adecuada.

Este jueves, el concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, ante una moción de Con Málaga y una comparecencia que pedía el PSOE, ha indicado que va a haber un nuevo pliego, que saldrá a concurso público, y que será «más garantista» que el que el primero.

Explicaba que las tres empresas que se habían presentado no cumplían con las condiciones que se exigían, y subrayaba que, hoy por hoy, la gestión del actual albergue municipal, estaba garantizada, ya que se habían prorrogado los servicios de situación de calle y de vigilancia, que el sociosanitario está en vigor y con opción a prórroga; el de limpieza, vigente; y que el de cocina, en fase de adjudicación.

A preguntas de la socialista Rosa del Mar Rodríguez, Cantos reconocía que, debido a la complejidad, el nuevo pliego no tenía fecha prevista, y que estaban por estudiar asuntos como la dotación económica. La socialista le pedía que se reflejasen todos los puestos de trabajo actuales para que los empleados no vivieran con esa angustia, entre ellos los auxiliares de cocina, la psicóloga, el personal de enfermería, trabajo social, vigilantes de seguridad y la coordinación del servicio, que han protagonizado concentraciones en las puertas del Ayuntamiento en estos últimos meses para defender sus puestos de trabajo.

«Cada vez más personas con empleo se ven obligadas a pernoctar donde buenamente pueden», explicaba Rodríguez dando cuenta de que esta es una «problemática cronificada», ya que los sinhogar necesitan atención social, pero también psicológica y sanitaria.

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, conseguía, vía enmienda, que el área de Derechos Sociales contase, en la nueva redacción del concurso, con las aportaciones de las entidades del tercer sector, con los profesionales de la Cátedra de Inclusión Social, así como los agentes necesarios, valorando «la idoneidad y la viabilidad de un plan especifico (sobre el sinhogarismo). Queda por ver cuándo saldrá el próximo pliego y en qué condiciones.

Suele pasar que, muchas veces, es más interesante lo que se habla después de las comisiones de pleno, entre bambalinas, que lo que se debate cuando está presente la cámara que sube en tiempo real el encuentro a Youtube. El concejal socialista Pablo Orellana, que exponía una moción del colectivo LGTBi, les decía a los populares, tras la comisión, que por qué había dos PP: el de Margarita del Cid, en Torremolinos, que apoya sin ambages la fiesta del Orgullo, o Madrid, «donde se eliminan protocolos de inclusión y diversidad», o Valencia, en «donde se abre las puertas a terapias de conversión».

Durante el encuentro, pidió que la fiesta del Pride no estuviese bajo el paraguas del área de Derechos Sociales y que pasase al área de Fiestas, es decir a Teresa Porras, al tiempo que se quejaba de que Málaga sólo dedicase 13.000 euros a este encuentro, «una cantidad irrisoria». Lo reivindicó porque, a su juicio, es esencial para visibilizar al colectivo. El concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, afirmó sin dar muchos rodeos que preferiría gastarse ese dinero «en intervención y en educación, por supuesto», a lo que añadió que la fiesta que se celebra en Málaga cuenta con el consenso del Consejo Sectorial LGTBi (un órgano de participación municipal).