El nuevo secretario de COAG reclama «dignidad» para el trabajo en el campo

Ante el consejero de Agricultura de la Junta, Rodrigo Sánchez Haro, y responsables políticos provinciales, Antonio Rodríguez ha reclamado el derecho a «vivir de nuestro trabajo con dignidad». Se refería así a las muchas dificultades que encuentran los miles de agricultores y ganaderos malagueños para sacar adelante sus explotaciones por las trabas burocráticas de la administración, las incógnitas de la globalización o la especulación de los grandes distribuidores, que les arruinan con precios por debajo del coste de producción.

Antonio Rodríguez ha pedido a los responsables de la Diputación y de la Junta que se pongan de acuerdo para afrontar un grave problema, la falta de licencia de apertura en el 99 por ciento de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia. «Si no toman cartas en el asunto y se ponen a trabajar para resolver el problema, en cinco años nos podemos encontrar con que el 90 por ciento de las explotaciones tengan que cerrar porque no se podrán transmitir a las nuevas generaciones», dijo.

Al nuevo consejero de Agricultura ofreció apoyo para trabajar conjuntamente por el desarrollo rural, pero al mismo tiempo le dijo que «nos tendrá en frente» cuando las medidas que se tomen consideren que no son las correctas. «Entendemos que la lucha merece la pena, porque trabajamos para que nuestros hijos tengan un futuro en su tierra», dijo.

Exigieron «agilidad en los trámites» administrativos, «línea directa» con la Delegación de Agricultura para abordar y resolver los problemas, una PAC más justa, para que las subvenciones lleguen a los pequeños empresarios y no solo a los grandes propietarios, y precios para sus productos que les dejen un margen de beneficio.

El consejero de Agricultura ofreció a los responsables sindicales «interlocución permanente» para defender los intereses de un sector que consideró «estratégico».

Los responsables sindicales y el propio consejero se refirieron al importante recorte en las ayudas comunitarias, más de 900 millones en Andalucía, 46 en Málaga. Sánchez Haro se comprometió a defender en la próxima negociación de la PAC que se recupere este marco financiero. Se refirió a la pujanza del sector agroalimentario en Málaga, primera provincia andaluza exportadora de productos cárnicos, subtropicales o limones. 17.000 personas trabajan en el sector, y se ofreció al sindicato para dar un «impulso» al sector, que tiene como principales retos la modernización de las estructuras y la competitividad. Asimismo, anunció que entre los meses de junio y julio 40 jóvenes de la provincia recibirán el primer pago de las ayudas para facilitar su incorporación al campo y garantizar el necesario relevo generacional. Son un total de 1,1 millones de euros en incentivos.