

Secciones
Servicios
Destacamos
Un pleno extraordinario, después del debate del estado de la ciudad, aprobaba los presupuestos para 2025 de 1.256 millones de euros en el Ayuntamiento de Málaga el pasado martes. La sesión, montada de prisa y corriendo, tenía por objetivo, para el equipo de gobierno ... del PP desestimar dos alegaciones, una, del grupo municipal Con Málaga, y otra, de los empleados de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Pero en el caso de la alegación que presentaba la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, el concejal de Economía, Carlos Conde, iba un paso más allá, ya que para empezar ni se la admitía a trámite.
Morillas fue especialmente dura ante esta circunstancia porque es cierto que es bastante común que Con Málaga (IU y Podemos) presenten alegaciones a buena parte de los procesos que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Málaga tales como ordenanzas, impuestos u otra serie de cuestiones, que deben aprobarse en el pleno de la ciudad, que en este caso es el competente.
La portavoz este grupo, Toni Morillas, se enfadó visiblemente cuando conoció esta circunstancia en la sesión plenaria del pasado martes. «Es la primera vez que se nos inadmiten a trámite unas alegaciones a un presupuesto. Es algo surrealista, se está cuestionando la legitimidad de un grupo municipal», señaló Morillas, quien insistió en que el presupuesto municipal «incumple» la legislación urbanística andaluza porque no destina el dinero de la venta de suelo a la construcción de viviendas protegidas sino que lo usa para dar subvenciones nominativas (a dedo) o para otras cuestiones, por lo que, a su juicio, el Ayuntamiento de Málaga está incumpliendo el artículo 129.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que delimita las actuaciones a la adquisición de suelo destinado a viviendas protegidas y su construcción y a soluciones habitacionales urgentes y otros usos de interés social.
El concejal de Economía, Carlos Conde, le respondía que los grupos políticos municipales tienen la oportunidad de alegar al presupuesto en el proceso de enmiendas, y que el rechazo a la reclamación está avalado por los informes de los técnicos municipales y de la Intervención.
Morillas, contrariada con este posicionamiento, que considera conculca sus derechos políticos como representante de los ciudadanos, va a presentar un recurso de reposición en el Ayuntamiento argumentando jurídicamente que el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) habilita a participar en el proceso de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Hacen alusión a la valoración del Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de mayo de 2022 en la que indica que los concejales «cuentan con una legitimación directamente derivada de la condición de representantes populares». Aunque tienen periodo de enmiendas, en el recurso de reposición van a incidir en que las alegaciones de los grupos municipales se han admitido a trámite «atendiendo a la realidad municipal, a los usos y costumbres de los ayuntamientos (como el de Málaga) que han venido permitiendo habitualmente y desde hace años, y porque el escaso plazo de tres ó 5 días (como es el caso de Málaga) impide analizar expedientes de cientos o miles de páginas para proponer alternativas.
Es más, acogiéndose al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), indican que podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. En este caso, Con Málaga ya había votado en contra de las cuentas municipales para 2025.
El texto indica que los ayuntamientos permiten habitualmente la presentación de alegaciones «ya que existe numerosa jurisprudencia y sentencias favorables a concejales que han denunciado una vulneración del derecho fundamental de los concejales a participar en asuntos públicos (artículo 23 de la Constitución).
Para Morillas, el equipo de gobierno del PP «está desatado con la mayoría absoluta» y «está conculcando los derechos políticos que tienen como concejales y representantes de los ciudadanos». A su juicio, los populares han buscado una justificación jurídica cuestionable para enmascarar la situación política de que no quieren que se sepa que incumplen la LISTA, «y que lo están haciendo en una materia tan sensible como la promoción de vivienda pública». «En lugar de argumentarlo como debieran se han buscado una argucia legal para quitarnos nuestros derechos por la puerta de atrás», argumentó. Sólo queda por ver en qué queda en qué queda el recurso de reposición, que debe contestar el Ayuntamiento de Málaga, y observar hasta dónde quiere llegar Con Málaga.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Las zarceras tras las que se esconde un polígono industrial del vino en Valladolid
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.