La plataforma Bosque Urbano logra el dinero necesario para llevar a los tribunales la venta de los terrenos de Repsol

De momento, los responsables de BUM ya han dado orden a su abogado para que empiece a tramitar la presentación del recurso judicial. «Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido y valoramos muchísimo el esfuerzo de esas personas que están dispuestas a poner su dinero para esta causa en una situación económica tan complicada. Una cosa es estampar tu firma o participar en una plantación, y otra poner tu dinero, lo que da muestra de la fortaleza de nuestro proyecto y de lo querido que es por la ciudadanía», comenta el coordinador de BUM, Pedro Francisco Sánchez.

Tras apurar sin éxito la vía administrativa al ser desestimadas por el Consistorio las alegaciones y el recurso de reposición que presentaron, el colectivo apunta ahora a los tribunales con la idea de interponer un recurso contencioso-administrativo. Para financiar los gastos que conllevaría el proceso, Bosque Urbano puso en marcha esta iniciativa. Con el primer objetivo ya alcanzado, confían en seguir sumando fondos no sólo para presentar este recurso contra la venta de los suelos municipales y poder hacer frente al posible pago de costas en el caso de ser desestimado, sino también contra otros expedientes que siguen abiertos como el proyecto de urbanización o el plan de descontaminación de esta finca ubicada entre las avenidas de Juan XXIII y Europa que hasta 2001 albergó una decena de grandes depósitos de hidrocarburos. En total, el objetivo es llegar a los 21.000 euros.

Entre sus argumentos para intentar paralizar la venta de las parcelas de titularidad pública, exponen que esta enajenación «no conduce a suplir la carencia de dotaciones y equipamientos públicos, así como de zonas verdes, en los distritos de Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz». Además, en las alegaciones también llegaban a cuestionar que los terrenos puedan ser vendidos, «ya que forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo y, como tales, están sujetos a un régimen de gestión reglado en defensa del interés público».

Por último, en el plano puramente económico también criticaban que la valoración de las cinco parcelas supone «un perjuicio y un fraude» para el patrimonio municipal, al poner a la venta los suelos por un total de 43,7 millones frente a los 70,3 millones de euros en los que estaban tasados en 2012 cuando el Consistorio se hizo con los derechos urbanísticos como pago en especie del dinero que le debía la promotora original del convenio urbanístico.

Un argumentario que rechazan en el Ayuntamiento, que mientras tanto tiene prácticamente asegurada la venta. Una vez cerrado el plazo para la recepción de propuestas, la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene sobre la mesa 17 ofertas de compra para hacerse con alguna o todas las parcelas que conforman el lote.