Málaga le pone deberes a la Junta

En realidad era una iniciativa para empezar a ponerle a la Junta los puntos sobre las íes de las cosas que hay que mejorar, y Verde empezó con esa prudencia y humildad que les ha pedido el aclamado presidente andaluz Juanma Moreno, pero en el fragor del debate se exasperó. Ramos lo calmó hábilmente. Lo que todos los partidos le piden al futuro Gobierno andaluz, con mayoría absoluta popular, es que se adopten medidas para la atención digna a la diversidad funcional en los centros educativos, el aumento de recursos para este alumnado en los colegios de Málaga, así como que la Junta baje la ratio escolar teniendo en cuenta la saturación existente en las grandes ciudades.

A los asistentes se les cayó el alma a los pies cuando intervinieron para exponer su historia dos madres, entre ellas María Sandra Bautista, de Autismo en Positivo, que contaba la triste experiencia que había tenido con su hija de siete años en el colegio Paulo Freire, a la que habían derivado a la modalidad C, y por tanto, como indicaba, el camino era segregarla de las clases que atienden el resto de los niños, por lo que pedía que haya verdadera inclusión en los centros porque condenan a estos niños «a la muerte social, educativa y laboral», como contaba desgarrada esta madre. «Eran constantes los chantajes emocionales, me decían, 'tu hija tiene autismo severo, jamás se comunicará». La opción, explicaba, es un maestro sombra, que costea ella, de las cinco horas de jornada escolar le paga tres. Lo cierto es que resulta sorprendente que en la educación pública, los padres tengan que hacer frente a estas necesidades especiales, que todos no pueden asumir cuando se entiende que debe ser más garantista. «El sistema educativo lo que tiene es incapacidad para llegar a nuestros hijos y enseñarles», subrayó Bautista con la voz entrecortada. Una frase muy dura, que a algunos se les quedó grabada.

La sorpresa de la jornada, hablando de niños y de mayores, fue la moción que hizo la socialista Rosa del Mar Rodríguez, que dejó anonadado a Alfredo de Pablos, el exigente presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. Un trabajo de compilación de datos de primera, que más tarde agradeció también, honesto, el edil de Derechos Sociales, el popular Francisco Pomares.

La discapacidad, para que se entienda, es un asunto que la mayoría piensa que nunca les va a tocar de cerca, pero nadie está libre de sufrir un accidente, una enfermedad o un revés o incluso de tener un hijo que lo necesite, y es entonces cuando se aprecia la importancia de que el sistema sea 'accesible', inclusivo y eficiente, que es precisamente lo que no es ahora.

Rodríguez explicaba que su iniciativa era una moción muy técnica, ocho folios, llena de datos y «lo más aséptica posible». Contaba que el proceso de evaluación de la discapacidad había aumentado el tiempo de espera en los últimos años un 60%, y que actualmente había 11.000 personas a la cola, entre ellos 162 niños, «que mientras no evalúen no tendrán atención temprana». Por eso, De Pablos había apuntado anteriormente que Málaga tiene nueve equipos de evaluación pero que por las características de la provincia le corresponderían un total de 14.

Hay asuntos a los que los munícipes ya han aprendido a no ponerle paños calientes, –aunque lo intentara de alguna forma la portavoz naranja, Noelia Losada, sacando pecho con la agilización en cuestiones de dependencia– porque de 24 a 27 meses para que evalúen la discapacidad es una ratio que provoca sonrojo como poco.

Finalmente, todos los puntos de la iniciativa que defendía Rodríguez salían adelante por unanimidad de todos los partidos con representación municipal con el objetivo de que se mejoren las listas de espera para la evaluación de la discapacidad y que se aumenten las infraestructuras para mejorar el tiempo de respuesta. El Gobierno andaluz, que ha salido revalidado de las urnas por una mayoría apabullante, ya tiene sobre la mesa los deberes que le pone el Ayuntamiento de Málaga, también con una inusitada unanimidad.