¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

El caso, como cuenta, es que vivía en un piso de alquiler en Miraflores de los Ángeles, por el que pagaba 400 euros, pero lo compró un fondo buitre y le enseñó dónde estaba la puerta. Su caso está en manos del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento, y de hecho, tiene concedida una ayuda para el alquiler, pero como contaba con el alma en un puño, nadie quiere alquilarle en su situación. «Sólo quieren funcionarios, médicos, gente que no tenga niños». Tiene un sueldo de charcutera a media jornada para poder atender a su hija por la tarde; gana 750 euros, pero se ayuda en ocasiones echando horas limpiando para poder llegar a final de mes.

Ahora, ella y su hija están en una pensión hasta el próximo martes, como indicó ayer jueves a SUR, pero su caso sigue sin solucionarse. Fuentes del área de Derechos Sociales han explicado a este periódico que se le ha buscado un recurso habitacional, en el que tendría un seguimiento adecuado de profesionales con el objetivo de que pueda rehacer su vida. Pero Mónica, como ha explicado, no lo ve adecuado porque supone un desarraigo al tener que desplazarse de la ciudad. «Mi hija tendría que cambiar de colegio, yo me quedaría sin mi trabajo», como explica.

«Me han dicho que viviría en una plataforma con otras mujeres y niños», afirmaba diciendo que ella lo que necesita es una vivienda para ir a vivir con su hija, porque ya tiene trabajo, y que lleva treinta años cotizados. «Mi hija está muy bien en su colegio, tiene sus amigos, tenemos nuestra vida aquí», como afirmaba añadiendo que marcharse lejos no es la solución.

De la pensión en la que viven se queja de que en el cuarto sólo hay una cama y un váter, y que no hay ni una mesa donde su hija pueda hacer los deberes del colegio, aunque no duda en decir que los que la regentan tienen muy buen trato con ella. «Pero esto no es vida para una familia. Mi hija me pregunta: ¿Cuándo nos vamos a ir para la casa?», reseña, con esa mezcla de nerviosismo y tristeza que destilan sus palabras.

La fecha límite, por ahora, sería el próximo martes, cuando Mónica subraya que si se queda sin el recurso de la pensión se irá de verdad a una tienda de campaña a la puerta del Ayuntamiento, como ya anunció el pasado martes, «acompañada del concejal de Podemos (Nico Sguiglia)», añadió

Como cuenta, tras 12 años inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), y que estando en «exclusión social» debería haber accedido ya a disponer de un piso de alquiler social para ella y su hija. Su única esperanza es que ya está inscrita en el sorteo de un lote de viviendas de VPO en el sector Universidad, y espera acabar accediendo a una de ellas. «Pero, mientras tanto, ¿dónde voy? Necesito un alquiler a precio bajo», puntualiza.

Ahora, explica Mónica Monedero, ha recibido una comunicación del Defensor del Pueblo, en la que, como cuenta, le informa de que está estudiando su caso y que se iba a poner en contacto con el Ayuntamiento de Málaga.

Su situación se ha vuelto muy mediática y está llegando a las televisiones de todo el país. La solución, aún no está sobre la mesa. «Yo nunca hubiese acudido a los medios, pero estoy al límite».

La portavoz de Vox, Yolanda Gómez, exigía mayor control a la sobrepoblación de jabalíes: «Mientras ellos se arrodillan ante los animalistas, los malagueños acaban en el hospital», explicaba del plan para controlarlos del Ayuntamiento de Málaga, que no le parece transparente ni eficiente.

«Estamos aquí, justo en el punto donde hace apenas un mes una joven malagueña acabó en el hospital después de chocar con un jabalí en plena vía urbana. Y hoy seguimos sin soluciones, sin respuestas, y con un PP que, una vez más, mira hacia otro lado», explicaba Gómez, en la calle Olmos, en el Cerrado de Calderón.

Gómez indicó que los vecinos «conviven a diario con jabalíes que se pasean por calles, parques, paseos marítimos y urbanizaciones», una situación que, según ha afirmado, «pone en riesgo la seguridad y la salud pública».

Para Gómez, «el PP se gasta el dinero en medidas ridículas, como el uso de dardos narcóticos de 700 euros por animal o contratos de 30.000 euros para 'monitorear' con cámaras térmicas», cuando a su juicio, este problema debía solucionarse con la ayuda de la Federación Andaluza de Caza, indicando que ya se habían hecho batidas para controlar a una especie, que crece de forma exponencial porque no tiene predador, y que «invade el casco urbano».