Un juzgado anula la suspensión de un bombero de Málaga dictada hace cinco años en pleno conflicto laboral

La primera de ellas, castigada con 30 días, apuntaba a que los superiores no habían sido informados previamente de las protestas. En la segunda, con otros 7 días, se le imputaba haber desobedecido la orden del entonces jefe del Cuerpo, José Cruz, para que retirarán los carteles, pegatinas y carteles que los funcionarios habían realizado en sus reivindicaciones de mejoras laborales y salariales. Y una advertencia: una tercera falta grave podría conllevar su expulsión.

Gálvez recurrió ante los tribunales y, aunque empezó a cumplir su penalización el 13 de octubre de aquel año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga la paralizó de forma cautelar en un auto emitido el día 23. Ahora, cinco años y medio después, la jueza le da definitivamente la razón al anular el decreto dictado por la Dirección General de Recursos Humanos del Consistorio.

La sentencia, que es firme y por tanto no puede ser recurrida, desmonta los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para mantener este expediente sancionador que se le incoó al sargento a raíz del desencuentro que protagonizó con el jefe del Cuerpo al negarse a retirar las pegatinas y pintadas de los camiones. Estos hechos tuvieron durante la tradicional visita a que el día de Nochevieja suele realizar el alcalde. Según relataron desde el comité de huelga, el origen de la discusión estuvo en la lectura de un escrito que el sargento trasladó al regidor.

Sobre la primera falta, relativa a la supuesta ausencia de comunicación sobre los incidentes, la jueza considera que la situación de conflicto «era conocida por todas las autoridades», por lo que «la omisión de unos incidentes (colocación de material reivindicativo como pegatinas, carteles y banderas) no puede calificarse de incumplimiento de esta obligación». En cuanto a la segunda, la sentencia dictada el pasado lunes también la anula al no estar demostrada la existencia de esa orden y considera que se produjo una «vulneración del principio de presunción de inocencia». En el fallo, la jueza indica que durante la instrucción se pudo constatar la existencia de «versiones contradictorias» y «sólo pruebas indiciarias vagas e imprecisas», «máxime cuando se da de manera tan insólita como en voz baja y el oído del recurrente, sin ninguna publicidad pese a la existencia de varias personas presentes». Gálvez negó haber recibido esta orden y dado que «no se le puede dotar de mayor verosimilitud y credibilidad al relato realizado por el superior», el juzgado también anula esta falta en una sentencia en la que también se le impone al Ayuntamiento el pago de 400 euros en concepto de costas.