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Cuando se trata de dinero, no hay administraciones 'amigas', como se podría decir de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que están gobernadas por el mismo partido. Igual que hicieron en su día los ejecutivos del PSOE e IU al frente del ... Gobierno andaluz, la Consejería de Fomento, ahora bajos los mandos del PP, han reclamado al Consistorio que pague la parte que legalmente le corresponde de las obras del metro, y de la que hasta ahora no ha puesto ni un euro, gracias a sucesivas alegaciones que la Junta ha venido dando por válidas.
La Junta de Gobierno Local de Málaga recurrirá en su sesión de este viernes una deuda autonómica de casi 63,8 millones, de los que 7,8 millones son en concepto de la explotación, y 56 millones son por la inversión para construir las líneas 1 y 2 del metro de Málaga. Se trata de una deuda legalmente solicitada por el Ejecutivo andaluz al Consistorio, en base al acuerdo firmado entre ambas administraciones en abril de 2003.
Así, el próximo viernes la junta de gobierno local requerirá a la Consejería de Fomento que anule la orden firmada por la consejera el pasado 27 de diciembre, por la que se aprueba la liquidación de la deuda, en periodo voluntario, del Ayuntamiento, para la construcción y puesta en servicio de la línea 1 y 2.
De igual forma, se solicitará que sea sobreseído este expediente de liquidación de deuda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.
Por tanto, la junta de gobierno local tiene previsto acordar requerir la anulación de la orden del Gobierno andaluz por la que se aprueba la liquidación de la deuda al Ayuntamiento, y solicitar la suspensión del procedimiento hasta tanto se resuelva el requerimiento previo o el recurso contencioso administrativo que se interpondrá por parte del Consistorio, en caso de no ser atendido.
En cuanto al importe girado en concepto de explotación (casi 56 millones), en el apartado tercero de la orden se indica que para el cálculo de las aportaciones del Ayuntamiento para financiar la explotación se debe dar cumplimiento estricto a lo establecido en el convenio, según los importes que la Agencia de Obra Pública de la Junta considera para la inversión y la tarifa técnica de la explotación del metro.
En concreto, el Ayuntamiento debe aportar el 25% del producto de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real multiplicada por el número de pasajeros que utilicen anualmente la línea.
Respecto a los 56 millones que corresponden al 25% de la diferencia entre la tarifa técnica y el precio al ciudadano, la propuesta que se va a aprobar en junta de gobierno local especifica: «El Ayuntamiento considera no ajustada a derecho la liquidación efectuada ya que el montante que pretende liquidar la Junta de Andalucía responde a la cantidad resultante de multiplicar en cada uno de los años de explotación del suburbano la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio».
«Esos son los parámetros que ha modificado la Junta de Andalucía en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones: 16 de julio de 2014 y 22 de octubre de 2020, ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003».
En definitiva, precisan, «la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica».
Por su parte, en relación con la deuda de 7,8 millones, en concepto de intereses como «indemnización de daños y perjuicios» por haber anticipado la Junta la inversión que le correspondía adelantar al Ayuntamiento hasta la fecha de compensación con las aportaciones recibidas de la Administración General del Estado, el Ayuntamiento recoge en su propuesta: «Es la notificación de un acto no válido, con vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad no ajustada a derecho la liquidación efectuada», sobre la base de diversas argumentaciones.
Por parte de la Consejería de Fomento, fuentes de la institución admiten que esta liquidación se ha hecho efectiva en fechas recientes, y para ello esgrimen que la consejera está legalmente obligada como representante de la administración, para no incurrir en un posible delito de prevaricación.
Por tanto, estas reclamaciones se han hecho por igual a los ayuntamientos de Málaga y de Sevilla, a la espera del resultado de los recursos de ambos consistorios. «No había otra opción más que pedirla», señal desde la Junta, y recuerdan que en 2022 también se hizo una reclamación similar.
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