Junta y Ayuntamiento de Málaga se unen para reforzar el control sobre los VTC
El convenio que suscribirán ambas administraciones ampliará la formación de la Policía Local a cambio de que la capital destine un número suficiente de efectivos a vigilar la actividad de Uber y Cabify
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga van a suscribir un convenio para reforzar la labor inspectora de la Policía Local sobre los vehículos ... de transporte con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Uber y Cabify. A través de este acuerdo, que la Consejería de Fomento acaba de remitir al Consistorio para que sea aprobado por el Pleno municipal antes de proceder a su firma, la Administración autonómica se compromete a ampliar la formación de los agentes sobre el régimen jurídico de los VTC, además de proporcionarles acceso al registro de empresas y actividades de transporte y encargarse de la tramitación de las sanciones derivadas de las denuncias que imponga la Policía Local. Por su parte, el Consistorio se compromete a destinar un número suficiente de efectivos debidamente formados para la vigilancia y control de estos servicios, así como a servir de apoyo en el cumplimiento de las actuaciones y campañas de inspección que se pongan en marcha. Este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, es el primero que Fomento impulsará en Andalucía, dado que el Ayuntamiento de Málaga ha sido el primero en aceptar esta propuesta. No en vano, la capital en particular y la Costa del Sol no sólo es la zona de Andalucía donde más han proliferado los VTC, sino también la región española con mayor competencia entre este tipo de servicios y el taxi.
Más allá de esta línea de trabajo abierta con el Ayuntamiento de Málaga, desde la Consejería de Fomento remarcan que llevan meses trabajando en las labores de inspección para el control de los VTC. El último informe indica que se han incoado en Andalucía 560 expedientes por captación de clientes, un 92% más que en 2018. De estos expedientes se han impuesto ya 97 sanciones, cifra que se elevará ya que el grueso de los expedientes, que están en tramitación, se plasmarán en sanciones a lo largo de este 2020.
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