La inestabilidad política deja en el aire la reforma de la plusvalía
La exención del pago del impuesto en ventas a pérdidas sigue sin base legal casi dos años después de que lo ordenara el Tribunal Constitucional
Francisco Jiménez
Málaga
Jueves, 14 de marzo 2019, 17:26
El pago del impuesto de la plusvalía cuando se transfiere un inmueble por debajo de su valor está herido de muerte desde la sentencia del ... Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que anula este tributo siempre que se venda por menos de lo que se adquirió, pero su agonía se está alargando mucho más de lo previsto. Casi dos años después del mandato del Alto Tribunal (respaldado posteriormente en hasta tres sentencias del Supremo), aún no se ha aprobado la reforma de la Ley de Haciendas Locales para poner negro sobre blanco cómo y cuándo se devolverá el dinero cobrado de más al contribuyente. Y lo que más incertidumbre genera en los ayuntamientos: qué administración debe hacer frente a tal desembolso o cómo se les va a compensar por la pérdida de buena parte del filón que genera en sus arcas el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
Una situación de desconcierto que, salvo sorpresa de última hora por parte del Gobierno en forma de decreto ley, se va a mantener hasta la próxima legislatura tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Si a esto se une que los comicios locales del 26 de mayo pueden cambiar la configuración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, con ello, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda, el desconcierto es aún mayor. «La interinidad política condiciona la tramitación de la reforma. Cualquier situación que se pueda plantear a futuro es una incógnita», ha admitido el subdirector general de Tributos Locales del Ministerio de Hacienda, Óscar del Amo, durante su participación en la X Jornada de Actualidad Tributaria Municipal que organiza Gestrisam.
Una parálisis que el dirigente estatal achaca más a cuestiones económicas que técnicas. «A nivel técnico se llegó a un acuerdo con la FEMP y por eso se presentó un borrador de la Proposición de Ley, pero la cuestión financiera de la compensación que las administraciones locales piden al Estado ha dinamitado el proceso«, ha advertido Del Ámo, quien ha incidido en »la necesidad urgente« de contar con un texto legal que establezca la forma de ver si hay o no incremento. En este sentido, el Tribunal Supremo también se ha mojado fijando que puede demostrarse con la escritura pública o con una tasación pericial, pero dejando también la puerta abierta a que los ayuntamientos puedan rebatirlo y liquidar el impuesto.
Los ayuntamientos piden una compensación al Estado por el dinero que dejarán de ingresar
En este contexto, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín Fernández, asegura que ante «esta preocupante situación de indefinición para los órganos gestores», las administraciones municipales «deben cobrar siempre el impuesto cuando exista incremento de valor y, si no lo hay, también si no se está conforme con la prueba aportada por el interesado», que luego tendrá la posibilidad de reclamar por la vía administrativa o, llegado el caso, en los tribunales.
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