¿Por qué la Iglesia no paga el IBI?

Pero, lo que se ponía ayer sobre la mesa, o al menos intentaba poner Málaga Ahora es que la Iglesia debería pagar impuestos por los edificios en los que realiza actividades lucrativas, como explicaba la portavoz Ysabel Torralbo, un extremo que le tiró por tierra el gerente de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, Juan Manuel Ruiz Galdón, explicando los pormenores de por qué la Iglesia está exenta de pagar tributos como el IBI.

Primero, Ruiz Galdón subrayó que los acuerdos con la Santa Sede que se han puesto en marcha antes de que España entrase en la Unión Europea siguen teniendo validez. Por eso, la Iglesia Católica está exenta de éste y otros impuestos gracias al acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (de 3 de enero de 1979) al igual que hay otra serie de acuerdos del Gobierno español con otras confesiones como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España en diferentes leyes. En Málaga, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2011, están exentos de pagar el IBI un total de163 edificios de la Iglesia Católica así como 35 de otras confesiones.

Más tarde, y por la ley 49/2002 quedan también exentos de pagar el IBI y otros impuestos las entidades sin ánimo de lucro, tales como ongs y fundaciones.

Quedaría un pequeño resquicio legal para cobrarle a la Iglesia por edificios en los que realiza actividades económicas, pero da la casualidad, como explicó Ruiz Galdón, que también la legislación española y la europea demanda a las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades con ánimo recaudatorio para sufragarse. En definitiva, como explicaba más políticamente el edil popular Carlos Conde, la Iglesia católica se nutre de actividades, que aunque mercantiles revierten en la sociedad malagueña, «no voy a contar la amplia labor social de la iglesia, que todos conocemos. En definitiva, que la Iglesia no reparte dividendos», puntualizó.

Quedaba la duda de si la Iglesia debía pagar el IBI por los edificios donde tenga colegios, donde obviamente habría actividad económica, pero una vez más quedarían exentos todos los colegios (públicos o concertados)que estén sufragados con fondos públicos gracias a la Ley 22/1993, y el importe exento debe sufragarlo la Administración del Estado, según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso este periódico.

Así que pese a que la Iglesia tuviese actividades en las que recaudase dinero, como su finalidad sería su propio sustento y su reversión a la sociedad malagueña y a la conservación del patrimonio, y no el ánimo de lucro propiamente dicho no pagaría impuestos como el IBI y otros municipales. La iniciativa de Málaga Ahora, que acabó teniendo poco peso específico por la complejidad fiscal del asunto sirvió, eso sí, para que el gerente de Gestión Tributaria diese una contundente lección magistral de lo mucho que sabe de impuestos, algo que, por otra parte, nadie dudaba.

El concejal socialista Salvador Trujillo, uno de los dos nuevos ‘agregados’ del grupo municipal, que tomara posesión el pasado viernes junto a Rosa del Mar Rodríguez, se estrenaba ayer en la comisión de Economía sustituyendo a la que hasta hace poco fue la portavoz Mari Carmen Moreno, actualmente directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Trujillo decía sentirse contento por estar enfrente de la lápida de homenaje al otrora presidente del Gobierno malagueño, el único de la historia, Antonio Cánovas del Castillo.

Y fue entrando en harina del convenio que mantiene el Ayuntamiento con Braser, donde exclamó la siguiente frase, ‘castiza’ donde las haya: «Lo de la Mundial se viene a asemejar mucho a una muerte a pellizcos». El sopor de la sesión vespertina y el cansancio de los munícipes provocó que ninguno se riera de la ocurrencia, así que prácticamente pasó desapercibida.

Anécdotas aparte, la comisión de Economía aprobó por unanimidad otra iniciativa de Málaga Ahora para que una vez que se terminen los trámites para la recaudación de la deuda por el convenio con Braser (cinco millones de euros más intereses), se declare la insolvencia de la empresa y se resuelva el convenio urbanístico puesto que no contaría con capacidad económica para ejecutar el proyecto.