La hora de la verdad en la subasta de Repsol: el Ayuntamiento de Málaga activa el plazo para que Urbania pague la fianza

Tras la retirada de otras tres ofertas, la promotora Urbania es la única que mantiene por ahora su propuesta para hacerse con estos derechos, por los que ofertó una puja de 66.422.950 euros. Sin embargo, la adjudicación no se ha completado todavía, tras dos años de trámites en los que esta empresa inmobiliaria ha presentado escritos para hacer ver la inseguridad jurídica que le implica el condicionante introducido por Urbanismo a raíz del contencioso iniciado por Bosque Urbano, en el sentido de que «cualquier acto material de transformación urbanística de las parcelas queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme», según expusieron los informes municipales.

En el consejo rector de la pasada semana, la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó rechazar en su totalidad los recursos presentados por Urbania y requerirle que cumpla los condicionantes para confirmar su puja. Esto es, presentar una documentación y el abono de una garantía del 5% del precio que ofertó, que fue de 54.895.000 euros (66.422.950 euros si se incluye el IVA), por lo que ese adelanto ascendería a 2.744.750 euros.

Según ha podido confirmar SUR, ese requerimiento ha sido remitido a Urbania este jueves, por lo que el Ayuntamiento ya ha activado los plazos oficiales para que la promotora decida qué va a hacer. Se trata de un trámite por vía electrónica, en el que el plazo de 10 días para presentar la documentación y abonar la garantía empieza a contar desde que el interesado abre esa notificación.

No obstante, según las fuentes oficiales, si Urbania optara por no abrir la notificación, eso no la exime del cumplimiento de lo que le reclama Urbanismo. Así, si pasaran diez días sin que la empresa abra el requerimiento que le ha remitido el Consistorio este jueves, ese documento se daría legalmente por confirmado y recibido, y empezarían a contar automáticamente los diez días de plazo para abonar la garantía.

Por lo tanto, Urbania tiene como mucho desde ahora unos 20 días de plazo para cumplir con los condicionantes que le reclama Urbanismo para completar el proceso de la subasta. Llegados a este momento, son varios los posibles escenarios que se abren. Uno es que la empresa abone la garantía de 2,7 millones de euros y se dé por confirmada como adjudicataria de la subasta. Y otro es que no lo haga, por lo que el Ayuntamiento entenderá por retirada su oferta. No obstante, en ese caso, la penalizaría con una sanción del 3% del precio de salida sin IVA (43.757.630 euros era el total, por lo que supondría una multa de 1.312.728 euros), además de considerarla como no apta para futuras contrataciones con el Ayuntamiento.

Una tercera opción es que Urbania presente un recurso contencioso en los tribunales para oponerse al rechazo de Urbanismo a sus escritos. En ese caso, no está claro qué sucedería con la subasta. Según fuentes expertas consultadas, el mero hecho de la presentación de un recurso judicial no paraliza un acto o una decisión administrativa firme. No obstante, en ese caso, corresponderá a los responsables políticos municipales decidir si se da por retirada la oferta de Urbania pese a la presentación del contencioso, o se frena de nuevo proceso a la espera de lo que suceda en el ámbito judicial, en el que la promotora también podría pedir una suspensión cautelar del procedimiento de la subasta. Desde Urbanismo han declinado aclarar cuál sería la postura del Ayuntamiento en este supuesto.

En todo caso, parece que ya ha llegado la hora de la verdad en la subasta de los derechos urbanísticos municipales en el proyecto de Repsol, una ambiciosa operación que sigue paralizada pese a estar contemplada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) desde hace casi 15 años.