El fiscal ve «indicios de criminalidad» en el caso de los gastos del edil Juan José Espinosa

El Ministerio Público, en el documento al que tuvo acceso este periódico, pide al juzgado que incoe las correspondientes diligencias previas para dilucidar «las posibles responsabilidades penales», ya que la Fiscalía sostiene que Espinosa podría haber dispuesto de esa cantidad de dinero «en su propio beneficio».

«La distracción o apropiación de dicha cantidad de dinero, de confirmarse, sería constitutivo de un delito de apropiación indebida (si es dinero privado) o de malversación de caudales públicos, si su procedencia, como parece acaecer en el presente supuesto, es de procedencia pública», sostiene la Fiscalía.

A ello, el Ministerio Público añade un segundo presunto delito, el de falsedad, al entender que las facturas aportadas por el edil para intentar justificar una parte de ese dinero «no se  corresponde con ninguna actividad prestada por la asociación que la expide». Espinosa aportó cuatro facturas de la asociación Malaka Kiriku que «según se afirma son negadas su emisión por la propia asociación. De responder ello a la realidad estaríamos ante la posible existencia de un delito de falsedad», añade la Fiscalía en su escrito.

Preguntado por este periódico, Espinosa no quiso hacer ninguna declaración ni valoración ya que dijo que el juzgado aún no le ha notificado nada y que no ha tenido acceso a ningún tipo de documentación.

El origen de este caso se encuentra al inicio del otoño de 2016, cuando Juan José Espinosa abandonó el grupo Málaga Ahora después de que sus compañeras, las ediles Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez, le exigieran que justificara la citada cantidad después de que presentara facturas que no tenían que ver con gastos de representación institucional o de compras no asignables legalmente a gastos del grupo municipal. Había facturas sobre la adquisición de compresas, suavizantes, bebidas alcohólicas y doce botellas de vino de crianza.

Ante lo que se consideró la falta de justificación del dinero utilizado, Málaga Ahora encargó una auditoría a la empresa Eudita Cye Auditores S. A. para que emitiera un informe pericial. Una auditoría que se hizo a los cuatro ediles del grupo y que concluyó que a 30 de septiembre de 2016 la cuenta contable de Espinosa presentaba «un saldo retirado en efectivo pendiente de justificar por importe de 3.882,84 euros mientras que las referentes al resto de concejalas no presentaban saldos pendientes de justificar».

Además de la ruptura política, se inició una batalla judicial. Málaga Ahora acudió a la vía civil para reclamar la devolución de este dinero, mientras que algunos exintegrantes de esta formación afines a Espinosa pidieron que se investigara a Málaga Ahora. La Fiscalía archivó esta última petición, pero abrió diligencias penales contra el concejal que ahora han desembocado en la solicitud de que declare como investigado. El juzgado ya conoce el escrito y deberá incoar las diligencias, según fuentes consultadas.

Asimismo, la Fiscalía pide que se cite como testigos a la portavoz municipal de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, y los integrantes de este grupo Irene García Campos y David Castro y al representante legal de la asociación Málaka Kiriku, así como a Rafael Espinosa en calidad de perito en relación al informe realizado por el mismo de Eudita Cye Auditores S. A y al interventor del Ayuntamiento de Málaga, Fermín Vallecillo.