Las familias pagan 20 millones de plusvalías por herencia al no poder acceder a las bonificaciones
La mayoría de los grandes ayuntamientos se resisten a eliminar requisitos como el de la convivencia para que los hijos puedan acceder a las bonificaciones
Más de 20 millones de euros anuales que seguirían en el bolsillo de los contribuyentes de la provincia o 20 millones más engrosando las arcas ... de los ayuntamientos. Ésa es la diferencia de aplicar, o no, los requisitos que exigen la mayor parte de los municipios malagueños a quienes heredan el inmueble de un familiar directo para poder acceder a las ayudas contempladas en el pago de la plusvalía, un impuesto que grava el incremento del valor que experimenta el suelo cuando cambia de propietario y que tienen que abonar quien vende un inmueble o quien lo adquiere por herencia. En casos de transmisiones ‘inter vivos’ no se contempla ninguna rebaja, pero cuando se produce por un fallecimiento sí. La Ley Reguladora de Haciendas Locales permite a los ayuntamientos aplicar una bonificación de hasta el 95% en las transmisiones por causa de muerte a favor de cónyuges, padres o hijos, pero también les deja libertad para establecer las exigencias que hay que cumplir para poder beneficiarse. Unos obstáculos como el de la convivencia, que penalizan de forma más que considerable a los hijos ya emancipados.
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El ‘quid’ de la cuestión está en que en grandes localidades como Málaga capital, Estepona, Mijas, Vélez, Benalmádena y Nerja los ascendientes, cónyuges o descendientes únicamente podrán ser bonificados cuando acrediten que han compartido techo con el fallecido (en su domicilio, no el del heredero) durante un tiempo previo a su defunción que oscila entre uno y tres años dependiendo de cada ayuntamiento. A estos municipios se unen otros como Marbella, Fuengirola o Antequera que condicionan la ayuda a que se trate del domicilio habitual del fallecido. El resultado es que, de media, estas exigencias únicamente se cumplen en dos de cada diez liquidaciones que se tramitan en la provincia.
En el caso de la capital, en 2016 se registraron 14.000 declaraciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ‘mortis causa’ por un importe de 19 millones de euros, de las que obtuvieron algún tipo de descuento 1.853 expedientes, que en su conjunto supusieron un ahorro para los contribuyentes de 1.592.094,79 euros. Si se suman las 12.000 operaciones de compraventa, los ingresos totales alcanzaron el año pasado la cifra récord de 61,4 millones.
¿Cuál sería el impacto en las arcas del Ayuntamiento de Málaga si, como exigen todos los grupos de la oposición dejando en minoría al equipo de gobierno del PP, se eliminara el requisito de la convivencia? El montante exacto se antoja difícil de calcular porque a la hora de fijar el porcentaje de la ayuda se tienen en cuenta otros factores como el valor catastral del inmueble o la renta familiar del heredero, pero lo que sí que dan por seguro en el Área de Economía es que superaría los 12 millones de euros y que, en función de esas variables, podrían situarse en torno a los 16.
En el resto de la provincia el panorama sería similar, con un efecto para el bolsillo de los ciudadanos que en su conjunto supondrían otros 8 millones. Según las cifras que maneja el Patronato de Recaudación Provincial, que gestiona el cobro de este tributo en 79 localidades entre las destacan Marbella, Estepona, Antequera, Rincón (no aplica bonificaciones), Alhaurín de la Torre, Ronda y Coín, de las 10.603 liquidaciones por ‘mortis causa’ presentadas el año pasado por una cuantía de 6,4 millones obtuvieron algún tipo de bonificación 3.091 (1,5 millones). En este sentido, cabe reseñar que buena parte de estas rebajas se aplicaron en Ronda y Alhaurín de la Torre, que son los únicos grandes ayuntamientos que bonifican todas las liquidaciones por herencias de familiares directos al 80 y al 50%, respectivamente. Entre compraventas y herencias (33.818 liquidaciones), estos 79 municipios se embolsaron el año pasado 61,4 millones de euros, la misma cantidad que recaudó la capital.
19 de los 61,4 millones que recaudó el Ayuntamiento de Málaga por este impuesto en 2016 proceden de herencias
El impuesto sólo se podría suprimir a nivel estatal, pero las administraciones locales sí que tienen capacidad para reducirlo al mínimo bonificando hasta el 95% a familiares directos. Al hipotético descuadre económico que supondría la supresión de estos requisitos es al que se agarran los ayuntamientos para esgrimir el argumento del necesario equilibrio presupuestario. Sobre todo porque el roto puede ser aún mayor con la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que están tramitando las Cortes para cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, que en mayo anuló el pago de la plusvalía cuando el inmueble se venda por menos de lo que se adquirió. Una incertidumbre que no sólo tiene que ver con el dinero que se dejará de ingresar a partir de ahora, sino también con las reclamaciones de devolución por parte de particulares, promotoras y bancos que durante los últimos cuatro años (más allá estarían prescritos) han vendido sus propiedades por menos de lo que las compraron.
Cada vez más bonificaciones
«En los últimos años hemos ido incrementando las bonificaciones y vamos a seguir avanzando en esa línea porque ése es nuestro criterio, pero hay que hacerlo con cautela y antes de dar cualquier paso consideramos más acertado esperar un poco –se estima que puede ser un mes– hasta ver cómo queda la reforma del impuesto», afirma el concejal de Economía de la capital, Carlos Conde. En este sentido, desde Economía tiran de estadística para destacar cómo cada año han ido aumentando el número de bonificaciones y su importe (342 en 2013 frente a las 1.853 de 2016), lo que ha provocado que la recaudación por este concepto haya bajado un 8% en dos años (de 20,6 a 19 millones) mientras el número de liquidaciones ha subido un 37% (10.215 en 2014 y 14.000 en 2016).
Además, la cifra de beneficiarios volverá a crecer este año a medida que vaya teniendo efecto la ampliación de 75.000 a 100.000 euros del límite de valor catastral de las viviendas para que las ayudas lleguen hasta el 95%. Este cambio entró en vigor el pasado enero, pero no empezará a notarse hasta finales de año puesto que el heredero tiene seis meses para liquidar el impuesto y otros seis meses para solicitar la ayuda. Para hacerse una idea, el 86% de los inmuebles de la ciudad se sitúan por debajo de esta horquilla.
Desde el PSOE, que ha abanderado la cruzada política en la Casona del Parque contra el polémico requisito de la convivencia, tratan de desmontar la tesis del desfase económico en la caja municipal remarcando que el dinero que se dejaría de ingresar en las plusvalías por herencia se compensaría con todo lo que se está recaudando de más en las propiciadas por operaciones de compraventa gracias a la reactivación inmobiliaria. A modo de referencia, basta señalar que en los presupuestos de 2016 se preveían unos ingresos de 43,4 millones, aunque el ejercicio se cerró finalmente en 61,4. Para este año, las cuentas municipales contemplan 46,9 millones. «Esta situación se lleva repitiendo en los últimos ejercicios y por eso entendemos que la aplicación de estas bonificaciones no generaría inestabilidad presupuestaria alguna», apunta el portavoz socialista, Daniel Pérez.
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