Un estudio avala dejar en manos de una empresa la construcción y gestión del intercambiador bajo la explanada de la Estación

La empresa municipal Promálaga ha contratado para la oficina de Infraestructuras y Proyectos que coordina Pablo Otaola un estudio económico sobre la viabilidad de ese intercambiador de transportes junto a Vialia, conectado con metro, AVE y Cercanías, en el que se señala que sería más ventajoso para el Ayuntamiento dejar la construcción y explotación de esa actuación en manos de un privado, que asuma su gestión durante 25 años. Este tiempo se ha calculado como suficiente para que el privado pueda recuperar la inversión y obtener beneficios, dentro de los márgenes de la actual legislación estatal sobre concesiones de obras públicas.

El estudio, desarrollado por la consultora Deolitte, arroja que asumir esta obra a pulmón, incluidos los riesgos que comporta, implicaría para el Ayuntamiento un coste total de 106,4 millones de euros. En cambio, dejarla en manos de privados rebajaría esa cantidad hasta los 100,3 millones, según se señala en este análisis.

Y es que ceder a una empresa o grupo de empresas la construcción y explotación de este proyecto durante 25 años implicaría para las arcas municipales el pago de una cantidad anual a los privados para que les salgan los números, ya que los ingresos que les puede generar no cubren los gastos. Según el estudio, esa cantidad, denominada 'pago por disponibilidad', ascendería a 7.560.000 euros anuales e implicaría el 73% de los ingresos corrientes del concesionario que, aún así, tendría que recurrir a financiación bancaria para soportar los costes iniciales del arranque del proyecto. Ese 'canon' que tendría que asumir el Ayuntamiento podría reducirse si lograra algún tipo de ayuda económica estatal para esta infraestructura de movilidad.

El estudio de viabilidad contempla que el concesionario se encargue de explotar la actual estación de autobuses del paseo de los Tilos durante los cuatro años que se calcula que durará la construcción del intercambiador bajo la explanada de la Estación. Tras esa primera etapa, comenzaría una segunda fase también de cuatro años en la que todavía no se habría realizado la estación de autobuses bajo la plaza de la Marina, para reemplazar a la del muelle de Heredia, que está llamada a desaparecer por el proyecto de oficinas que prevé el Puerto en ese espacio. Una vez pasado ese periodo, el intercambiador de la Estación compartiría protagonismo con el de la Marina, que le restaría flujos de pasajeros. La idea municipal es que a la estación soterrada de la Marina vayan las líneas de autobús para viajes «recurrentes», que conecten con municipios a menos de 30 kilómetros de la capital y con más de 25.000 habitantes; y que el resto recalen en el intercambiador de la Estación.

No obstante, todas estas etapas están contempladas dentro de los 25 años del periodo concesional, y sus efectos previstos en el resultado de esta posible fórmula de desarrollo del proyecto. El estudio concluye que el privado obtendría en total 236 millones de euros de ingresos y tendría unos gastos de 78,5 millones para las obras y 89,7 millones para el mantenimiento durante los 25 años de la concesión. Esto arroja un balance positivo de 67,7 millones de euros que incluso teniendo en cuenta posibles sobrecostes en la operación sigue siendo favorable para el concesionario (14,6 millones).

¿Es este nivel de rédito suficiente como para que uno o varios grupos empresariales estén dispuestos a asumir este proyecto de transportes? Otro estudio económico del Plan Málaga Litoral sondeó a posibles empresas interesadas y el resultado fue que exigían mayores niveles de rentabilidad de los que marca como límite la actual legislación que rige las concesiones de obras públicas, como es el caso. Hasta que no se cambie esa legislación estatal, el interés de las empresas por participar en operaciones de este tipo está condicionado por la ajustada rentabilidad que se calcula para el elevado riesgo que asumen.

Con todo, el desarrollo del Plan Málaga Litoral, valorado en total en más de 400 millones de euros, depende actualmente del resultado de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, ya que el PP es el único grupo político que en este momento defiende esta operación urbana, que ha sido rechazada por el resto de formaciones con representación en la Casona del Parque.