El PP en Diputación exige la retirada del proyecto que incrementará la presión fiscal a los malagueños

Pleno en la Diputación de Málaga (archivo)./Salvador Salas
Pleno en la Diputación de Málaga (archivo). / Salvador Salas

La institución provincial inicia mañana el nuevo curso político con un pleno en el que se debatirán más de una treintena de mociones. El PSOE reclamá un plan de empleo

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZMálaga

La Diputación Provincial iniciará mañana martes el nuevo curso político con el primer pleno ordinario que tendrá lugar después del verano. Y lo hará sin que equipo de gobierno (PP) y oposición (Málaga Ahora, Izquierda Unida y PSOE) hayan acortado distancias. Todo lo contrario, de hecho, a juzgar por las emociones que se debatirán en la sesión, el pleno tendrá un carácter bastante reivindicativo. El grupo de PP en la institución con propuestas dirigidas en su mayoría a los ejecutivos de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación, y las demás formaciones con mociones que tienen en su punto de mira al gobierno de Elías Bendodo en la institución provincial.

De todas las mociones que acuden mañana al pleno de la Diputación una de las pocas que cuentan con el respaldo de todos los grupos es la que tiene como finalidad la declaración del Camino del Rey y su entorno como Patrimonio Mundial de la UNESCO y que se proceda a crear una comisión de trabajo, en colaboración con los ayuntamientos por los que discurre, para impulsar el expediente.

El PP aprovechará el pleno de la institución malagueña para que la Diputación exija a la Junta de Andalucía la retirada del proyecto de orden de la Consejería de Hacienda con el que, según el portavoz adjunto de los populares Francisco Oblaré, se pretende «castigar a Málaga» mediante la subida de dos impuestos autonómicos ligados al mercado inmobiliario: el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales.

Asimismo, el equipo de gobierno del PP propone instar al Gobierno de España y de la Junta a redactar el convenio para facilitar la ejecución de la depuradora de Jimena de Libar, al contar con resolución ambiental favorable, proyecto de construcción, campaña de aforo y estudio geotécnico, todos ellos realizados por la Diputación.

En la misma línea de reivindicaciones dirigidas a otras administraciones, el PP propone aprobar diversas medias de apoyo a las familias numerosas como la de establecer una dedicación aplicable a la cuota íntegra autonómica del IRPF. El PP propone también instar a la Junta a que invierta en los centros educativos de Malaga para erradicar la aulas prefabricadas, la retirada del amianto y la realización de un plan de climatización para toda la provincia. Asimismo, pide que se inste al Gobierno de España y al de la Junta a legislar para que evitar que los pequeños municipios se queden sin oficinas bancarias.

Por parte de la oposición, el PSOE ha presentado una moción urgente por la que exige al equipo de gobierno de la Diputación un plan de empleo dotado con 10 millones de euros para el periodo 2018-2019. El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha acusado al PP en la institución de no haber llevado a cabo ningún plan de empleo desde la institución en los siete años que lleva gobernando. Conejo ha insistido en que el empleo es el principal problema de los malagueños y ha demandado el apoyo de la Diputación a los planes de empleo de la Junta.

El portavoz socialista ha mencionado también otra moción del PSOE relativa a la recolección de excargos del PP en la Diputación mediante la cual propone al pleno que se inste al equipo de gobierno de la institución provincial a que destituya al director de Deportes, Luis Díaz, «que como gerente del patronato provincial de Recaudación fue investigado por su gestión y abandonó la labor pública para no enfrentarse a un expediente disciplinario planteado por el juzgado», según Conejo.

Por otra parte, el PSOE exigirá que se inste al gobierno de la Diputación a que soluciones de forma urgente la prestación a los ayuntamientos acogidos de los servicios de plagas, recogida de animales abandonados y podas dentro del plan de asistencia y cooperación.

Paralelamente, el PSOE insta al PP en la Diputación a que desista de la construcción de un edificio en los jardines del recinto de la Casa de la Misericordia (sede de La Térmica), que se ha incluido en el catálogo general del patrimonio Andaluz como Bien de Catalogación General, para albergar el centro de estudios Bernardo de Gálvez. En este sentido, el grupo socialista pide que la institución alcance un acuerdo con el Ayuntamiento de Macharaviaya para divulgar la figura de Bernardo de Gálvez-

Izquierda Unida por su parte ha presentado también diversas mociones, una de la urgente, que tiene como finalidad instar a la Junta a que limpie de inmediato los cauces de los ríos y arroyos de la provincia de su competencia, y que por parte de la Diputación se redacte un protocolo de actuación adaptado a la realidad de todos los municipios, para evitar el impacto de las trombas de agua.

IU insiste en otra moción en reclamar la apretar de la residencia de la Diputación San Carlos de Archidona y que desde el gobierno del PP se analice el presupuesto para ampliar el Plan de Asistencia Económica.

Ciudadanos por su parte lleva como moción urgente instar al equipo de gobierno del Pp a que realice las acciones necesarias para garantizar y hacer efectivas las transferencias contempladas en los presupuestos a los consorcios de bomberos y de residuos sólidos urbanos.

Las otras dos propuesta de Cs son para instar al Gobierno de la nación a que colabore con la Junta en materia de inmigración para que se lleven a cabo planes especiales de atención a menos extranjeros no acompañados en Andalucía; y por otra lado para que se dote al departamento de recursos humanos de la Diputación de personal funcionario cualificado, que planifique de manera racional y amortice las plaza vacantes que no resulten necesarias.

Por último, Málaga Ahora propone una moción urgente a través de la cual reclama aumentar el presupuesto destinado a ayudas par el alquiler. Asimismo plantean en otra moción impulsar un plan provincial de accesibilidad universal en los municipios menores de 20.000 habitantes. También reclaman que la Diputación haga llegar a los grupos el resultado e la auditoria energética y empezara aplicarla a lo largo del año 2019.

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