Costas sentencia las casas de la playa en El Palo y dice que su legalización es «irresoluble»
El Gobierno argumenta que habría que modificar una ley estatal para alcanzar una solución jurídica que regularice totalmente estas viviendas
Los años de lucha de los vecinos de las casas de la playa de El Palo para alcanzar la definitiva regularización de sus viviendas no ... han terminado y todavía les queda para poder alcanzar una solución definitiva a su objetivo. En los últimos meses se han intensificado las protestas de los residentes de estas viviendas para exigir al Gobierno central que les ofrezca una garantía jurídica respecto a sus propiedades, más allá de declarar que estas antiguas casas de pescadores no son necesarias para el dominio público marítimo. Sin embargo, esa garantía va a tardar todavía en llegar.
A consultas de SUR, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han admitido, como ya lo hicieron hace tres años, que la solución para estas viviendas sigue siendo imposible. Ya en 2021 aclararon desde Costas que «no basta con realizar un deslinde para sacar esas viviendas del dominio público marítimo-terrestre». Actualmente, las casas de la playa de El Palo se encuentran dentro de ese dominio porque la línea que lo delimita discurre al norte, por la avenida de Salvador Allende. Lo que piden los vecinos es que esa frontera pase a dibujarse en el borde sur, junto al paseo marítimo, para que los suelos sobre los que se asientan estas edificaciones dejen de estar en manos de Costas.
El 10 de mayo de 2013, la entonces delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, visitó estas casas de El Palo para anunciar a sus vecinos que, con la nueva Ley de Costas que entraba en vigor, se podrían regularizar sus viviendas. Sin embargo, tras esa ley se emitieron dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de ellas en 2015 a raíz de un recurso del PSOE y otra en 2016, que interpretaron que la exclusión de estos núcleos del dominio público marítimo-terrestre que se pretendió con la nueva normativa de 2013 realmente sólo sería una declaración de innecesariedad.
Según Costas, para modificar la delimitación del dominio público, sería obligado tramitar no sólo un procedimiento de desafectación ordinario, sino también aprobar una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda «que se ha revelado de imposible contenido con la actual legislación de Patrimonio» de Hacienda, aseguraron desde la administración estatal.
Nueva respuesta del ministerio
En una nueva consulta de este periódico al Ministerio para la Transición Ecológica, desde el Gobierno han insistido en que «la situación de los núcleos afectados por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2013 de uso sostenible del litoral es, en este momento, jurídicamente irresoluble tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 2015 y 2016». «Es necesaria una modificación o derogación de ese precepto para que se pueda alcanzar la desafectación de esos terrenos», han aclarado desde el ministerio, por lo que todo apunta a que habría que llevar a cabo una modificación de la Ley de Costas para que pueda obtenerse una solución definitiva para la regularización de las viviendas de la playa de El Palo.
Las promesas del Gobierno que llevaron a los vecinos a brindar por el futuro de sus casas en 2013 siguen sumidas en un desolador panorama jurídico que las mantiene en el limbo. Así lo han podido constatar documentalmente cuando algunos han logrado escriturar sus viviendas tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas y en la escritura les ha aparecido la coletilla de que el suelo sigue perteneciendo a la Administración estatal. Una tesitura que les ha llevado en los últimos meses a organizar protestas con las que pretenden elevar su reivindicación a los diferentes partidos políticos para que adopten acciones y propuestas que sirvan para derribar el muro jurídico con el que siguen topándose.
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