El Consejo Social de la Ciudad de Málaga apuesta por un centro hospitalario de alta resolución en la zona este

Tal y como recoge el propio documento, se trata de un trabajo que «responde a las expectativas y valoraciones de los distintos grupos profesionales, sindicales, vecinales y de usuarios y pacientes» que conforman esta comisión y «los resultados y las propuestas que se plantean son fruto del consenso que en todo momento se ha alcanzado entre los miembros de la comisión y representan la voz de dichos colectivos presentes en el Consejo Social».

Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, el informe pone de manifiesto que Málaga «es la última provincia andaluza en el indicador de camas por habitantes, una ratio que se situó el año pasado en 15,47 y que está por debajo de la media de la comunidad autónoma, que fue de 18,44«.

En concreto, basándose en datos de un informe del sindicato Comisiones Obreras que a su vez utiliza como fuente el catálogo Nacional de Hospitales del Instituto Nacional de Estadística, el informe evidencia que desde 2012 «se han perdido 370 camas en los hospitales públicos malagueños -cantidad equivalente al cierre de un hospital como el Costa del Sol-» y que «este descenso de camas en los hospitales públicos ha hecho que la oferta privada en Málaga se haya acrecentado».

El informe refleja, han indicado, que según los últimos datos disponibles a nivel nacional relativos a 2015, la ratio española -de 20,5- superaba en cinco puntos a la de la provincia, situada entonces en 15,48.

Asimismo, el documento sostiene, han señalado desde el Consistorio, que desde 1992 apenas ha aumentado la dotación hospitalaria pública de la provincia, a pesar de que el crecimiento poblacional en este periodo está cercano al medio millón de personas. Además, explica que serían necesarias 483 camas para alcanzar la ratio andaluza de camas por habitantes y 818 camas hospitalarias para alcanzar la media española.

La mesa de trabajo deja constancia en su informe que «Málaga lleva soportando desde hace más de una década una falta de inversiones en materia de sanidad, que no se han producido en otras provincias de nuestra comunidad autónoma, baste recordar las inversiones efectuadas en la remodelación integral del Hospital Reina Sofía de Córdoba o el nuevo hospital de Granada en el Parque de la Salud, realizadas todas ellas en este periodo de crisis«.

Asimismo, estima que esta «falta de inversiones en Málaga se ha traducido en unos hospitales colapsados y en un deterioro claro de la asistencia que se presta, como refleja el ranking de listas de espera que lideramos un años tras otro».

En el documento se explica que la mesa del Consejo Social se ha reunido con el grupo técnico de trabajo para la reordenación hospitalaria designado por la Junta de Andalucía, coordinado por José Luis García Arboleya, conscientes de la necesidad de contar con otras voces expertas.

Además, más allá de las infraestructuras sanitarias, el informe aborda otras cuestiones como la pérdida de empleo público en sanidad, las consecuencias asistenciales de ello en listas de espera y pruebas diagnósticas y las agresiones a profesionales. En relación con este último punto, se explica que Málaga «es la provincia andaluza con una mayor ratio de agresiones a profesionales del SAS: entre 2007 y 2016 se contabilizaron 2.041 agresiones, lo que representa una tasa de 13,10 por ciento».

Así, sobre la construcción en la zona este de Málaga de una infraestructura sanitaria especializada, «al existir criterios poblacionales similares a otras zonas de nuestra provincia»; se habla de una infraestructura que incluya asistencia especializada y urgencias equivalentes a las del Hospital del Guadalhorce «y con un coste estimado de 30 millones de euros».

En concreto, en el transcurso del debate en el Consejo Social, se ha especificado que se trataría de un Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare).

Asimismo, la mesa de trabajo coincide con el grupo de trabajo de la Consejería de Salud en la necesidad de construir un hospital en la zona posterior al Hospital Materno, que conformaría un gran hospital junto a los ya existentes -Materno y Civil-, «cuya dotación debería estar en torno a unas 800 camas y cuyo coste estima en 150 millones de euros».

De acuerdo al informe presentado en el Consejo Social, esto debe complementarse con la «reconversión del actual Hospital General -pabellones A y B- en un hospital comunitario con una dotación de, al menos, 500 camas, con personal de nueva contratación» y que estaría dedicado a la «atención a personas con enfermedad crónica, dependientes, cuidados paliativos y multimorbilidad con una gestión de los procesos asistenciales coordinados e integrados asistencialmente con Atención Primaria».

El fin sería «afrontar el desafío que presenta el envejecimiento, cronicidad y dependencia de la población, en un ambiente pensado para el paciente agudo frente a un modelo de atención integral«. El documento contempla que sería necesaria una inversión de 50 millones de euros en esta reconversión.

El informe concluye que para completar el mapa sanitario malagueño «en un periodo de seis a ocho años sería necesario destinar una inversión total cercana a los 245 millones de euros que incluiría las infraestructuras anteriormente mencionadas así como una remodelación del Hospital Marítimo».

A estas propuestas en materia de infraestructuras, es preciso añadir otras que el informe realiza y que se centran en la reapertura de todas las plantas cerradas actualmente en hospitales malagueños, el incremento de la plantilla sanitaria y la potenciación de la atención primaria, de modo que la ratio de médico de familia por paciente no sea mayor de 1.500 y que en las consultas se disponga de un mínimo de diez minutos por paciente, entre otras propuestas.

Los integrantes de esta mesa de trabajo son Alfredo de Pablos Calle, coordinador general de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible; Rafael González Delgado, secretario general de la unión provincial de CCOO de Málaga; Juan Miguel Contioso Monclova, secretario de Comunicación y Organización del sindicato UGT de Málaga; y Carlos Carrasco Pecci, secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en representación de los Colegios Profesionales Sanitarios.

Asimismo está Antonio Vega Aguilar, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Unidad'; y Juan Antonio García Galindo, vicepresidente del Consejo Social de Málaga, en calidad de Coordinador de la comisión.

Los trabajos de la comisión, en la que también han participado para las labores de secretaría y apoyo varias funcionarias del área de Participación Ciudadana, han contado además con las aportaciones previamente solicitadas a los diferentes colectivos presentes en el Consejo Social, que fueron remitidas por la Federación de Vecinos Unidad; CCOO; UGT; Colegio Oficial de Médicos; Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible; Placasama, que remitió su acuerdo con la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Gerentes de los Hospitales Regional, Virgen de la Victoria y Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce; GMU; Federación Civilis; y Grupo Municipal Ciudadanos.