Las comunidades podrán vetar el acceso de los vecinos morosos a las zonas comunes

Esta normativa, ya publicada en el BOE y con plena vigencia, tiene como eje central la regulación de ayudas y deducciones fiscales para promover reformas encaminadas a mejorar la eficiencia energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno a partir de los fondos europeos 'Next Generation'. Pero también conlleva algunas modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal que dan más capacidad a las comunidades de propietarios para actuar frente a la morosidad. Se les dota de un poder sancionador frente al propietario deudor privándole de servicios comunitarios no indispensables, especialmente destinados al ocio y recreo, y entre los que no estaría, por ejemplo, el uso del ascensor. En este sentido, la ley subraya que estas actuaciones nunca pueden ser «abusivas ni desproporcionadas». «Pueden hacerle más incómoda la convivencia en esa comunidad, pero no hacérsela inhabitable», apostilla Jiménez.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla muestran su acuerdo con la nueva ley, «porque todo lo que sea presionar al moroso, está bien. Por experiencia, sabemos que en aquellas comunidades donde hay vecinos que no pagan porque tienen dificultades económicas reales, el resto de propietarios se muestra comprensivo y trata de llegar a acuerdos con un calendario de pagos evitando que el administrador acabe poniendo el asunto en manos del juzgado».

Sin embargo, frente a sus bondades, el texto deja en el aire cuestiones importantes, que son susceptibles de interpretación. Entre ellas, el quorum que hace falta para adoptar el acuerdo de privación temporal de esas instalaciones comunes. «Hay que deducirlo, porque cuando la ley quiere un quorum especial, lo determina claramente. En este caso solo dice: la junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias (…), pero nada más, no especifica qué votos son necesarios para acordar esas actuaciones. Por tanto, si no dice por mayoría cualificada, hay que deducir que es por mayoría simple», explica Francisco González Palma, asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Asimismo, la ley deja la puerta abierta a que ese acuerdo también pueda incluirse en los estatutos de la comunidad. «Pero si se hace, se requiere unanimidad», indica González Palma. ¿Ventajas de hacerlo? Según el letrado, se trataría de una medida frente a terceros, es decir, frente a aquellos que no forman parte aún de la comunidad, pero que en el momento de adquirir la vivienda pudieran ver en el registro de la propiedad esta prohibición. De esta forma, sabrían con antelación que no podrían hacer uso de esas zonas comunes si acumulan deudas. En este sentido, indica también que el moroso puede estar presente en esas reuniones y tener voz, pero no tendría voto en los acuerdos de unanimidad por su condición de deudor. «No tendría sentido; el moroso no va a vincular, encima, la vida de la comunidad», desliza.

Aunque los administradores de fincas hacen una valoración positiva de esta reforma, insisten en que falta concreción en algunos asuntos, que van desde qué se considera un servicio común esencial a cuál es la deuda mínima a partir de la cuál se sanciona al moroso. «La ley no establece unos mínimos de deuda. Si eres deudor, lo eres con un recibo que tengas pendiente de pago, pero es de sentido común que no se van a emprender estas actuaciones de privación de servicios comunes en esa situación. Se trata de una medida dirigida contra los grandes morosos, para hacerle más difícil su convivencia en la comunidad», apunta Jiménez.