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Salvador Salas
La comisión de investigación sobre la gestión de las infracciones urbanísticas deja el asunto en manos de la Justicia

La comisión de investigación sobre la gestión de las infracciones urbanísticas deja el asunto en manos de la Justicia

Ciudadanos no ha apoyado las principales tesis del PP basadas en sentencias judiciales a su favor pero tampoco algunas apreciaciones de los grupos de izquierda que apuntan a la comisión de delitos. Toda la oposición concluye que hubo «injerencias políticas y presiones» en el servicio de inspección de la Gerencia de Urbanismo

Jesús Hinojosa

Málaga

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Miércoles, 21 de noviembre 2018

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La comisión de investigación municipal respecto a la gestión de expedientes de infracción por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo desde 2006 a 2016 ha tenido este miércoles su última sesión, en la que se han votado las 122 conclusiones aportadas por los grupos municipales. El asunto ha quedado en manos de lo que decida la Fiscalía, a la que han recurrido PSOE, Ciudadanos y Málaga para la Gente, después de que Ciudadanos no haya apoyado las principales tesis del PP, basadas en varias sentencias judiciales a su favor, y tampoco algunas conclusiones de los grupos de izquierda en las que apuntan a la posible comisión de delitos por parte de responsables del equipo de gobierno al asegurar que se dejaron caducar expedientes de manera intencionada. «Hay que esperar a la Justicia y pedir responsabilidades políticas cuando diga algo», ha afirmado el concejal de la formación naranja Alejandro Carballo, que ha presidido la sesión.

No obstante, todos los grupos de la oposición, incluido Ciudadanos, sí han apoyado conclusiones en las que se afirman que se han producido «injerencias políticas y presiones» en el servicio de inspección de la Gerencia de Urbanismo para frenar expedientes de infracciones. En el caso de las conclusiones de IU-Málaga para la Gente, ha llamado la atención que el sentido del voto de Ciudadanos (con su abstención) haya provocado que no se haya aprobado una conclusión en la que se afirma que, en el caso de los expedientes de la urbanización Villas del Arenal, durante el transcurso de una visita a la urbanización, la concejala del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, pidieron a la entonces jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, «mirar para otro lado y dejar de prescribir las infracciones»; y sin embargo sí hayan prestado su voto positivo para un episodio similar que describió en su comparecencia el exjefe de Inspección, Alberto Íñiguez. Consultado por este periódico, Alejandro Carballo ha explicado que no recuerda que Teresa Domingo describiera ese episodio tal y como aparece en la conclusión de IU-Málaga para la Gente.

El punto álgido del rifirrafe político se ha producido en la última parte de la intervención de los grupos, en la que ha pedido intervenir la concejala Teresa Porras para reclamar que existe «presunción de inocencia» y atacar a los exjefes de Urbanismo que la acusaron de incitarles a «mirar para otro lado». «¿Le han dado algo que puedan demostrar? Nada, nada, señor Zorrilla, porque ustedes no lo han pedido. Es que la única que delinque aquí es la señora Domingo. ¿Le han pedido por qué delinquió en su casa? ¿Es que es la única persona que puede delinquir, hacer infracciones en su casa, y mirar para otro lado en su barriada?», ha afirmado Porras, quien ha admitido que se ha querellado en los tribunales contra la anterior jefa de Disciplina Urbanística. Esta intervención ha sido duramente contestada por el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, al considerarla fuera de lugar.

También han sido especialmente duras las afirmaciones del viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes, quien ha apuntado que este asunto se mueve «en términos más propios de una organización mafiosa que de un organismo público». El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, le ha afeado que haya «calumniado a los funcionarios públicos diciendo que son cloacas y mafias, lo único que nos falta es el delito de terrorismo». Pomares ha remarcado que son ya cuatro las resoluciones judiciales que han avalado la gestión del equipo de gobierno en el caso de los expedientes de infracción urbanística, «¿y no se les cae la cara de vergüenza?», ha preguntado a los concejales de la oposición. »La Gerencia de Urbanismo ha actuado conforme a ley y sin injerencias. Han hecho caso a testimonios falsos que están denunciados en los tribunales», ha añadido el concejal de Urbanismo. «Hacer un juicio político de algo que los jueces han juzgado me parece poco serio», ha concluido.

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