Las cláusulas sociales de ida y vuelta

Precisamente, fue en la pasada comisión de Economía cuando tanto el PSOE como Málaga Ahora llevaron sendas mociones a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores que están empleados indirectamente por el Ayuntamiento cuando éste realiza contratos de licitación de servicios. La edil socialista Lorena Doña le afeaba al concejal de Economía, Carlos Conde, que el equipo de gobierno llevase dos años en blanco desde los acuerdos aprobados en pleno en esta línea y ponía como ejemplo a los ayuntamientos de Chiclana y Cádiz, que habían licitado un cementerio mancomunado en la Bahía de Cádiz incluyendo cláusulas sociales. «No hay razón legal para no aplicarlas, no sólo porque es legal, sino también porque se trata de justicia social», explicó Doña. Para la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, es esencial incluir cláusulas sostenibles con el entorno y de transversalidad de género. El edil no adscrito, Juanjo Espinosa, le recriminaba a Conde diciéndole que desde 2015, que se comprometió a estudiarlas y a aplicarlas, y a darles una explicación por escrito, nada más se supo.

Para Zorrilla, la mesa técnica para poner en marcha las cláusulas sociales se reunió y sacó conclusiones, y desde entonces nada se ha hecho, como explicaba. Abundó en que los técnicos llegaron incluso a comparar con otros ayuntamientos y que si no se aplican es «por clara falta de voluntad política», y añadía que no sólo es una cuestión en favor de los trabajadores, sino que redunda en beneficio del servicio público que las empresas prestan al ayuntamiento. Por eso, dejaba caer que el Consistorio está harto de hacer frente a los incumplimientos de las condiciones de los contratos con las empresas que son adjudicatarias. Incluso el edil de Ciudadanos (partido socio de investidura del PP), Alejandro Carballo, se quejaba abiertamente de que se había aprobado en reiteradas ocasiones ponerlas en marcha, y nada se había hecho.

Conde contestaba que no habían estado de brazos cruzados y que no existía sustento jurídico para aplicarlas y que suponían una fuente de litigiosidad (de pleitos al Ayuntamiento). Abundaba en una moción de la exedil socialista Estefanía Martín Palop, que quiso llevar este asunto al Consejo Social de la Ciudad, dando a entender que desde entonces están esperando respuesta, por lo que pidió que dejaran ese punto sin efecto.

El portavoz popular entró en la nueva ley de contratación pública al afirmar que ahora hay más posibilidades para incluir las cláusulas sociales en contratos públicos, pero explicó que el Ayuntamiento no puede entrar a regular las relaciones de los trabajadores con los empresarios.

Torralbo le recordó que está impugnado el pliego de Parques y Jardines, que hay problemas con los empleados de las bibliotecas, y en general todos le achacaron al edil popular falta de voluntad política. Pero siempre le quedará a Conde el Consejo Social de la Ciudad para rebotarle el asunto a su tejado como si éste tuviese competencias. Acabáramos.