Ciudadanos respalda a Paradas, condenado por coacciones a Juan Cassá y a sus dos asesores

La sentencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 y adelantada por este periódico precisa que, entre los días 4 de mayo y 30 de julio de 2020, el exárbitro efectuó llamadas con número oculto desde su teléfono a las víctimas, en las que se limitaba a dejar sonar varios tonos para después colgar. En concreto, Cassá recibió 41 llamadas, mientras que sus asesores Íñigo Vallejo y Beatriz González recibieron 87 y 42, respectivamente.

La magistrada insiste en que la intención de Paradas Romero no era otra que la de perturbar la libertad de actuación de las tres víctimas. De hecho, concreta que, con su conducta, llegó a producirles una situación de estrés y desasosiego, que afectó de forma leve a sus actividades diarias. Por todo ello, considera a esta cargo de confianza en la Casona del Parque como autor de tres delitos leves de coacciones y le impone una multa de 1.080 euros. En la sentencia, que no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, se le absuelve de los otros tres delitos leves de amenazas de los que estaba acusado.

En este sentido, la sentencia recoge la declaración de Cassá en el juicio, donde explicó que las llamadas comenzaron cuando empezó a ser concejal no adscrito. Aseguró que le hicieron sentirse mal, angustiado y en estado de tensión. Las llamadas, según continuó, alteraron su vida y también la de su familia, ya que en esa fecha tenían un familiar enfermo.

El edil señaló que incluso recibió llamadas a las seis de la mañana. La última de ellas fue cuando le avisaron de que le habían quemado la autocaravana. Fue al enterarse de que sus compañeros estaban sufriendo la misma situación cuando, después de un pleno de la Diputación, decidieron tomar acciones legales.

En el mismo sentido se pronunciaron sus dos asesores. Coincidieron en que las llamadas comenzaron tras abandonar Cassá Ciudadanos y que éstas perturbaron su vida normal, llegando incluso a sentir miedo uno de ellos cuando salía a correr. Asimismo, Beatriz González indicó que, cuando había momentos políticos importantes, recibían más llamadas. A veces, coincidían las llamadas a los tres durante los plenos, por lo que se sintió intimidada y coaccionada en la toma de decisiones.

Por su parte, el exárbitro se defendió en el juicio negando en todo momento haber realizado esas llamadas de teléfono. Reconoció que el número al que estaban asociadas las llamadas es el suyo personal desde hace 30 años, pero afirmó que le habían hackeado su perfil de Facebook, donde venía su número.

Sin embargo, cuando le llamaron a Comisaría expuso que se acogió a su derecho a no declarar como le había recomendado su abogado. Después tampoco denunció la sospecha de hackeo de su móvil, según se indica en la sentencia.

En cuanto a Cassá reconoció que no estaba de acuerdo con su abandono del partido y que era cierto que había retuiteado comentarios negativos contra él. Sobre Beatriz González dijo que no tenía relación con ella y que con las otras dos víctimas tenía «una relación más fría».

La publicación de la sentencia sacudió la vida política municipal, donde la oposición de izquierdas y el propio Juan Cassá coincidieron en pedir la destitución de José Luis Paradas Romero, mientras que desde el PP, que comparte gobierno municipal con Ciudadanos, exigió una respuesta «contundente». La formación naranja mantuvo silencio a lo largo de la mayor mañana, donde se cruzaron llamadas y consultas entre la portavoz Noelia Losada y la dirección provincial que encabeza Guillermo Díaz.

Fue a las dos de la tarde cuando el partido naranja se pronunció a través de un comunicado en el que mostró su respaldo a su compañero de partido. En el documento recuerdan que en la propia sentencia se recoge que la Fiscalía «ha pedido la libre absolución de José Luis Paradas y eso es algo que Ciudadanos Málaga no podemos pasar por alto. Es, por lo tanto, preciso esperar al recurso» y añadir: «con independencia de lo expuesto, en el momento que la sentencia sea firme actuaremos en consecuencia. Al ser un delito leve la resolución del recurso será rápida».

Previamente, la portavoz del PP en el Ayuntamiento y de la dirección provincial, Elisa Pérez de Siles, declaró que su partido esperaba una respuesta «contundente» de su socio. «Hoy es un día para que Ciudadanos haga una profunda reflexión. En esta ocasión, la gravedad penal no cuenta, es una cuestión de moral. Ciudadanos es el que decide hasta dónde lleva sus líneas rojas», afirmó, dejando patente con ello que este hecho no es del agrado del equipo de gobierno encabezado por Francisco de la Torre, quien guardó silencio.

El primero en reaccionar a la sentencia fue Juan Cassá para exigir el «cese inmediato» del condenado. «Paradas Romero, gerente de la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos y alto cargo nacional de Ciudadanos ha sido condenado por coacciones a mí y a dos asesores míos. Exijo su cese inmediato», escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Cassá retuiteó un mensaje de su pareja, Giannella Ligato, donde esta dijo que «la última llamada a Juan Cassá desde el móvil de Paradas Romero fue en el mismísimo momento en que estaba ardiendo la autocaravana». Una alusión al episodio producido en julio del pasado año cuando la autocaravana del edil y diputado provincial ardió a las puertas de su domicilio, un asunto que aún está bajo investigación y que no está relacionado con la actual sentencia ni con Paradas Romero.

Desde el PSOE emitieron un comunicado instando al alcalde y Ciudadanos al «cese inmediato» de Paradas Romero «ya que los delitos por los que ha sido condenado atentan directamente contra un edil de la corporación municipal». «A nuestro juicio, no hacer nada al respecto sería un error tremendo», subrayaron, al tiempo que emplazaron al partido a cumplir sus normas de funcionamiento como partido que obligan a apartar a los condenados de cuanta responsabilidad tenga institucional y orgánica.

La portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, también pidió a De la Torre y a Ciudadanos «el cese inmediato» del exárbitro ya que «cualquier persona que ejerza un cargo público tiene que ser ejemplar en sus actuaciones».