El centro para migrantes del puerto de Málaga comenzará a funcionar en julio

Aun así, Grande-Marlaska ha preferido no concretar la fecha exacta en la que las instalaciones empezarán a recibir a los migrantes que son rescatados a bordo de pateras en alta mar y trasladados hasta el puerto de la capital. Una vez en Málaga, tras ser asistidos por Cruz Roja, pasarán al CATE, instalaciones en las que estas personas permanecen bajo custodia policial durante el plazo máximo de 72 horas que prevé la ley para su identificación y la tramitación de los expedientes administrativos.

El CATE contará con plazas para unos 300 migrantes y estará formado por módulos prefabricados con diferentes espacios, como una zona administrativa para realizar los trámites legales, así como dormitorios para hombres, mujeres y niños, comedor, duchas y aseos. En concreto, se ubicará en una parcela de 3.000 metros cuadrados situada en la margen izquierda de la desembocadura del río Guadalmedina, unos terrenos fueron cedidos después de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobase a finales de noviembre un convenio de colaboración entre este organismo y la Secretaría de Estado de Seguridad –dependiente del Ministerio del Interior–.

Este centro viene a paliar la falta de infraestructuras en Málaga para atender a los migrantes rescatados en alta mar, una labor que ha alcanzado en el último año cifras históricas. Solo en Málaga se atendieron a 10.675 personas en 2018, cinco veces más que en el año anterior, lo que supone un dato sin precedentes.

Respecto a la situación de la migración, el ministro ha insistido en que la tendencia respecto a los datos del año pasado es a la baja, «fruto y consecuencia de un trabajo importante que se ha desarrollado en los últimos meses». «La política migratoria ha vuelto a tener un lugar en el Gobierno. La migración es un reto que esta aquí y tenemos que afrontarlo no solo en el marco de España sino en toda la Unión Europea. La colaboración ente África y Europa es la única posibilidad real de poder luchar contra la inmigración ilegal», ha apuntado.

El ministro ha hecho estas declaraciones en Málaga, tras la inauguración de la Conferencia de Delitos contra la Propiedad Intelectual, un encuentro organizado por Europol y la Policía Nacional, bajo el patrocinio de la International AntiCounterfeiting Coalition, en el cual expertos del ámbito policial, privado e institucional abordan los últimos retos en la lucha contra este tipo de hechos delictivos. Durante el acto, Grande-Marlaska ha estado acompañado por numerosas autoridades, como el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Pardo Piqueras, o la directora de la Europol, Catherine De Bolle, entre otras.

Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que, cuando se habla de la protección de la propiedad intelectual y de actuar contra las conductas delictivas en esta materia, no se trata solo de proteger a las marcas, sino que se busca salvaguardar la economía, el mercado laboral, la salud, el medioambiente y la seguridad.

Grande-Marlaska ha puesto cifras a la importancia de las marcas en España, sobre las que ha dicho que emplean a seis millones de personas y aportan anualmente al Producto Interior Bruto 420.000 millones de euros, generando 73.000 millones de euros en impuestos.

Finalmente, el ministro ha asegurado que la coordinación es fundamental en la lucha contra este tipo de fraudes. Volvemos a ver que el crimen organizado es muy trasversal y a observar cómo la cooperación dentro de las policías de países europeos y de otros, pero también con las empresas, es relevante y sustancial», concluyó.