El Campamento Benítez se alumbrará con farolas fotovoltaicas

Pero, ¿por qué el Campamento Benítez no tiene luz cuando se había licitado esta obra y se ejecutó en el año 2015? La solución de las farolas fotovoltaicas es la salida que el equipo de gobierno del PP quiere darle al Campamento Benítez para salvar la circunstancia de que el mismo fue dotado con sistema de alumbrado tradicional, con el cableado subterráneo, que la Gerencia de Urbanismo licitó por 200.000 euros junto a otros tres proyectos dotados en un total de casi un millón de euros, de los que la oposición ha insistido en que se habían tirado una buena parte por falta de vigilancia. El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ya explicó en noviembre de 2016 que había habido un error «porque o bien debiéramos haber hecho una valla perimetral o bien haber contratado seguridad». Del cableado eléctrico, puntualizó que se retiró cuando se apercibieron que hubo actos vandálicos y robos en la finca, y de la balsa que hay en el centro y que no autorizó Aviación Civil, puntualizó que se había perdido la mitad de los 139.000 euros que había costado, ya que el 50% se utilizará como depósito. Aún así no cuantificó las pérdidas totales.

Ahora, Servicios Operativos, que realizó buena parte de la adecuación básica para abrir el parque (a excepción de la poda de los cipreses y la disposición de las papeleras y mesas) se ocupará ahora también del alumbrado del Campamento Benítez, a través de una instalación fotovoltaica ecológica y autónoma, que dará servicio eléctrico tan sólo para este espacio, o lo que se conoce por autoconsumo. Este sistema, según Porras, funciona con un alto grado de satisfacción en la Laguna de la Barrera, y lo hace con sensores que se aperciben del movimiento de personas. Si no las detecta, las farolas no se encienden, por lo que además de ser ecológicas por el uso de la energía solar, tienen este plus de ahorro, que la hace ser unas instalación aún más eficiente. Además, las farolas tienen un bajo impacto lumínico a su alrededor, por lo que no generan contaminación lumínica. Se espera que este proyecto salga a licitación lo antes posible;de hecho forma parte de las inversiones financieramente sostenibles de este año, según explicó Porras.

Como lo de las inversiones financieramente sostenibles es un concepto poco explorado, más bien suena a chino, conviene explicar que son las que realizan aquellas entidades locales que tienen superávit en sus cuentas de tesorería y que no superan el máximo de deuda permitida, por lo que pueden dedicarlo no sólo a pagar deuda sino a estas inversiones encaminadas a mejorar la vida y los servicios al ciudadano con una vida útil de al menos cinco años.

El edil de Economía, Carlos Conde, explicó la semana pasada que su intención era llevar estas inversiones al pleno de este mes de octubre, que se celebrará el próximo lunes. En el caso de que así fuera, algo que aún no está claro, este punto deberá por vía de urgencia, ya que no está en el orden del día ordinario.

En enero de 2014, tal y como publicó SUR, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, rechazó la tarjeta VIP Oro que le enviaba el aeropuerto de Málaga por la que podía disfrutar de manera gratuita de las salas VIP para «hacer más cómoda y agradable» su estancia. El edil explicaba en su blog personal que se la habían enviado, pero que en la misiva no se especificaba por qué se le otorgaba el privilegio que él aseguraba no había solicitado. En la entrada de su blog se dirigía directamente al director del aeropuerto, y le criticaba los conflictos laborales que azotaban al aeródromo y le destacaba «los gastos absurdos, que contrastaban con los atropellos laborales». Ahora ha salido a la luz en una publicación nacional, de la que se hacía eco Zorrilla, que explica que cerca de un millar de personas –sin especificar quiénes– tiene las tarjetas VIP de Aena sin pagar por ellas, cuando cada aeropuerto pone unas tarifas para las mismas de al menos 25,40 euros. Alcaldes, diputados o autoridades serían susceptibles de tener esta tarjeta VIP, motivo por el pidió al por entonces diputado por Málaga, Alberto Garzón, que preguntara quiénes hacen uso de esta tarjeta, que es un privilegio, quién lo decide y qué criterios usa. Aún no se ha contestado a estas cuestiones.