El Ayuntamiento de Málaga deberá indemnizar con 180.000 euros a un exdirectivo investigado por supuestas mordidas

Así lo confirman fuentes municipales, donde avanzan que la entidad pública recurrirá esta sentencia, después de que el concejal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, hiciera ayer referencia al asunto durante la comisión plenaria de Economía en la que, aprovechando su intervención sobre la racionalización de entes municipales, afeó al equipo de gobierno que no facilite la documentación del caso «demostrando una opacidad absoluta al resto de miembros del consejo de administración de Promálaga».

Así se empieza a despejar el capítulo en la vía laboral, aunque de forma paralela a este procedimiento todavía sigue su curso en fase de instrucción la causa penal iniciada contra este exempleado en el marco de la investigación policial por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En este procedimiento también se vio implicada su esposa, procuradora de profesión y supuesta encargada de cobrar el 10% de comisiones a las empresas contratadas por Promálaga, que es la sociedad municipal dedicada a la promoción empresarial y al fomento del emprendimiento en la capital. En esta vía penal, Promálaga está personada en calidad de acusación particular desde el momento en que tuvo conocimiento de la instrucción de caso.

Aunque los hechos saltaron a la luz pública en septiembre de 2019 tras la formalización del despido, la investigación se inició en mayo de 2017 a raíz de la denuncia de un empresario que aseguraba que se había quedado fuera en los procesos de adjudicación de varios contratos tras negarse a abonar dichas mordidas en concepto de intermediación. Tras esta revelación, tanto el gerente de la entidad, Francisco Salas, como el entonces vicepresidente y concejal Mario Cortés pusieron el asunto en manos de la Policía Nacional.

Según relató el propio Salas ante el Salón de Plenos para informar del caso, la Policía les solicitó que no realizasen ningún cambio en las funciones del director financiero para, según sus palabras, «aparentar normalidad» aun sabiendo que existía una sospecha y una investigación en firme. Así transcurrió el tiempo hasta que el 10 de julio de 2019 Salas recibía una notificación judicial para declarar por un procedimiento penal en curso contra el entonces directivo.

El despido se materializó el 26 de septiembre pero no se hizo público hasta que fue comunicado cuatro días después al consejo de administración de Promálaga. Desde el Ayuntamiento siempre han insistido en dejar claro que la investigación es contra esta persona, no contra la gestión de la sociedad municipal.

Según la citada investigación, Promálaga cerraba contratos con empresas proveedoras con la presunta intervención del entonces director económico. A cambio de esos acuerdos, su mujer supuestamente recibía el pago de casi el 10% del contrato por los servicios prestados en su condición profesional de procuradora. Según los cálculos realizados por la Agencia Tributaria, Promálaga habría pagado a sus empresas proveedoras entre 2015 y 2016 un total de 342.000 euros, de los que casi 33.400 fueron a parar, presuntamente, a manos de la pareja del exdirectivo.