El alcalde de Málaga avanza que la moratoria de viviendas turísticas es cuestión de «pocas semanas»

Esta suspensión temporal forma parte del conjunto de actuaciones que el Consistorio viene impulsando en el último año con el objetivo de limitar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos, cuya presencia ha alterado en muchos casos la convivencia en los barrios y el acceso a la vivienda. De la Torre explicó que el trabajo del Ayuntamiento se ha desarrollado en dos fases: la primera, centrada en exigir entrada independiente a estas viviendas, y la segunda, en la calificación de barrios según su nivel de saturación, un aspecto que, dijo, «se irá actualizando» en función de la evolución del fenómeno.

Aunque la moratoria es inminente, el marco normativo definitivo llevará más tiempo. Desde el área de Urbanismo se recuerda que la regulación dependerá de un informe técnico sobre usos turísticos, que servirá como base jurídica para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Para su elaboración, el Ayuntamiento ha contratado a la empresa Informa D&B, con sede en Madrid, por un importe de 18.083 euros, y se ha fijado un plazo de 12 meses, lo que significa que la norma final podría no entrar en vigor hasta dentro de más de un año.

Mientras tanto, el alcalde insiste en que la moratoria es una herramienta esencial para actuar en el corto plazo. «Con esta suspensión lo que buscamos, sobre todo, es disponer de una estadística real y exacta, y también intervenir sobre las viviendas ilegales, impidiendo su proliferación», señaló. De la Torre explicó que uno de los objetivos es que estas propiedades salgan del circuito turístico y se incorporen al mercado de alquiler de larga duración, de forma que aumente la oferta disponible para los residentes. «Queremos que haya más oferta privada a largo plazo, porque es una de las claves para estabilizar los precios», remarcó.

El alcalde, sin embargo, reconoció que las medidas locales no serán suficientes si el Gobierno central no introduce cambios legislativos que garanticen la seguridad de los propietarios. «Hace falta crear una situación de confianza, tranquilidad y seguridad», advirtió. En su opinión, la falta de garantías jurídicas es la razón por la que muchos optan por el alquiler turístico: «No quieren que su vivienda sea ocupada ilegalmente o que un inquilino no pague y no puedan recuperarla», explicó.

De la Torre también hizo hincapié en que la mayoría de las viviendas destinadas al alquiler no pertenecen a grandes propietarios, sino a pequeños que, en muchos casos, solo disponen de una vivienda adicional. «Incluso hay personas que pagan sus gastos con lo que obtienen del alquiler», subrayó. Por eso considera fundamental reforzar la seguridad jurídica para evitar que estos propietarios retiren sus inmuebles del mercado residencial. «Si no la hay, perdemos oferta, y aumentar la oferta es clave, tanto en alquiler como en venta», insistió.

Junto a estas medidas, el Ayuntamiento trabaja en incrementar la oferta de vivienda pública y privada en régimen de protección oficial (VPO). De la Torre puso como ejemplo la reciente construcción de 111 viviendas en el distrito Z, impulsadas por una fundación vinculada al Cabildo de la Catedral de Córdoba, que además prevé promover más de 400 viviendas adicionales en la capital. «Estamos haciendo un esfuerzo muy rápido para generar nueva oferta, pero mientras no consigamos que haya seguridad para los propietarios, el mercado seguirá tensionado», concluyó.