El acuerdo del caso Julen: una indemnización de 175.000 euros y pena de prisión de seis meses a un año

El pacto lleva implícito un reconocimiento de los hechos -si el juez lo ratifica, mañana se dictará sentencia de conformidad-, una pena de prisión que iría de seis meses a un año y el pago de una indemnización de unos 175.000 euros a los progenitores.

Para afrontar esta suma, los representantes legales de David Serrano ingresarán en las próximas horas 25.000 euros de un primer pago y han solicitado el aplazamiento del resto en cuotas de 50 euros mensuales, en atención a la situación personal -y mientras no varíen sus circunstancias- del acusado, que actualmente se encuentra parado.

Según las fuentes consultadas, un empresario benefactor, que también es cliente de LawBird Legal Services -bufete que representa al dueño de la finca-, se ha ofrecido a aportar esos 25.000 euros, ya que Serrano se ha declarado insolvente.

En la puerta de los juzgados, el abogado Antonio Flores, que dirige el despacho, ha explicado, a preguntas de los periodistas, que en el acuerdo había una parte económica, «pero no porque los padres lo reclamaran, sino porque es la justicia así lo determina».

La abogada Antonia Barba, que representa a los padres del menor, ha reconocido que ha habido un «acercamiento» del dueño de la finca hacia los padres de Julen y que ha «aflorado un arrepentimiento» que ha permitido este principio de acuerdo.

El pacto implicaría una condena de seis meses a un año de cárcel para David Serrano, aunque quedaría suspendida a condición de que satisfaga los pagos en los que se establezca la responsabilidad, extremos que tendrá que fijar el juez si ratifica el acuerdo. Además, esos antecedentes, si se dicta sentencia de conformidad, podrían quedar cancelados en dos años.