El PP quiere el aval de toda la oposición antes de aceptar el plan para contratar a 700 parados
El Ayuntamiento recurre ante el Supremo la última sentencia del TSJA que le obliga a pagar a los beneficiarios lo estipulado en el convenio colectivo
Francisco Jiménez
Martes, 23 de mayo 2017, 00:34
El Ayuntamiento sabe que tiene que decidir ya si acepta o renuncia a los 12,45 millones de euros de los planes de empleo de ... la Junta para contratar a 716 parados malagueños, pero pretende hacerlo con el visto bueno de todos los grupos políticos. ¿Por qué? Porque quiere el aval del resto de partidos ante el riesgo que conlleva exponerse a un aluvión de demandas judiciales que, en el peor de los casos, podrían suponerle a las arcas locales un sobrecoste de 14 millones de euros por tener que pagar a los beneficiarios lo estipulado en el convenio colectivo del personal municipal en lugar de la cuantía subvencionada por la Administración autonómica, que oscila entre los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales según la categoría profesional.
Como ha venido informando este periódico, la capital es el único municipio de la provincia que aún no ha puesto en marcha los programas Empleo@Joven (menores de 29 años) y Empleo@30+ (parados de larga duración, mayores de 30 años) ante el temor de que le sigan cayendo sentencias que les obliguen a pagar a estos trabajadores el mismo salario que al personal municipal. A día de hoy, lo único que ha hecho ha sido incorporar a dos trabajadores sociales a mediados de febrero para cumplir los plazos y así tener hasta agosto de 2018 para completar los 714 empleos restantes, pero teniendo en cuenta que la mayoría tendrán una duración de un año y que la formalización de tal volumen de contrataciones también lleva su tiempo, en el Área de Economía ya reconocen que «hay que adoptar una decisión de forma inminente porque se está ya en el tiempo de descuento». Así lo reconocía ayer el concejal del ramo, Carlos Conde, durante la comisión plenaria de Economía, en la que trasladó al resto de formaciones políticas su intención de convocarles a una reunión en los próximos días «para analizar la situación y tomar una decisión entre todos».
Aunque por una cuestión de plazos no se puede esperar a su resolución, el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón a un trabajador de la anterior edición de estos programas que reclamó cobrar lo mismo que un empleado municipal. ¿Por qué esta vez sí recurre? Pues porque en febrero hubo otro fallo del TSJA que daba por buena la tesis del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) de excluir a estos empleados del convenio.
Dos sentencias
«Una sentencia de contraste no supone tener garantías, pero demuestra que hay argumentos para recurrir», explicó Conde, quien incidió en pedir a la Junta de Andalucía una mayor flexibilidad para que le permita hacer contratos a media jornada para que los beneficiarios puedan percibir el salario fijado en el convenio, pero sin rebasar la subvención.
«Les hemos trasladado los acuerdos del Pleno en este sentido, el alcalde ha hablado con el consejero de Economía y le hemos enviado toda la información, pero a día de hoy no tenemos por escrito nada que nos garantice que no habrá perjuicio económico para los ayuntamientos», explicó Conde durante la comparecencia realizada a petición de Málaga Ahora. Durante su intervención, la portavoz de este grupo municipal, Ysabel Torralbo, recordó que «aunque ninguna solución adoptada por otros ayuntamientos es segura, nadie ha renunciado a los fondos». «Estamos en un atolladero, pero como se acabe renunciando en una ciudad con tanto desempleo como Málaga sería terrorífico e incomprensible», sentenció.
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