Vodafone y Orange llevan al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por cobrarles una nueva tasa

Con esta nueva fiscalidad singular para las compañías de telefonía móvil, el Consistorio pretende amortiguar en parte la caída de los ingresos experimentada desde que la justicia europea dio la razón en 2012 a este tipo de operadoras al excluirlas de la obligación de pasar por caja por utilizar o aprovechar especialmente el dominio público local; y ello aunque no se haya solicitado u obtenido la correspondiente licencia, autorización o concesión.

Según la sentencia del tribunal europeo, que se refería a varios ayuntamientos españoles pero que se hizo efectiva para todos, sólo se puede establecer este tipo de canon a aquellos operadores que tengan instaladas sus redes en dominio público, pero no a empresas de telecomunicaciones que usan dichas infraestructuras sin ser propietarias. A raíz de este fallo, las arcas municipales dejaron de percibir 6 millones de euros anuales. Una sangría que este ejercicio se pretendía rebajar mediante una tasa específica para este tipo de compañías, que se fija en función de los metros lineales de redes que utilice o el número de líneas móviles activas en el municipio. Para este año, los presupuestos municipales contemplan una previsión de ingresos de 1.078.000 euros, que se suman a los 5,67 millones estimados para el resto de compañías a las que se les aplica el régimen general.

En el Área de Economía no ocultan su sorpresa por la interposición de ambos recursos judiciales después de que la nueva tasa saliera adelante sin alegaciones. En cualquier caso, la intención del Ayuntamiento es seguir el guión previsto y liquidar la correspondiente cuota al considerar que los operadores de telefonía móvil «deben contribuir porque usan las redes municipales, siguiendo unos criterios objetivos».

Junto a esta tasa que se cobra a las compañías de telefonía móvil, otra novedad en las ordenanzas fiscales con las que el Ayuntamiento pretende aumentar su recaudación es el incremento del canon que se le aplica a las entidades financieras por los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. Si desde que se puso en marcha en 2013 se fijaba un precio único de 600 euros anuales por cajero, este año se ha incrementado y, además, varía en función de la categoría de la vía contemplada en el callejero fiscal, oscilando entre los 580 y los 1.223,8 euros. En total, el Consistorio estima unos ingresos de 121.980 euros.