Los nuevos requisitos dificultan la apertura de escuelas taller a los municipios

La principal preocupación de los ayuntamientos reside en que para pedir las subvenciones deben estar acreditados para impartir las acciones formativas, para lo cual tienen que contar con instalaciones homologadas para el desarrollo de dichos programas, que deben encuadrarse en el fichero de especialidades de Formación Profesional para el Empleo que posibilitan la obtención de un certificado de profesionalidad.

Así pues, se obliga a los consistorios a conseguir el espacio, el equipamiento e incluso los planes de prevención de riesgos laborales necesarios para impartir los cursos sin saber si se les concederá la subvención. La presidenta de la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga (Apetma), Ana García, está segura de que este requisito «limitará el acceso de los ayuntamientos a las escuelas taller y los talleres de empleo, sobre todo de los pequeños».

Los responsables del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, opinan igual. De hecho, pese a contar con más medios que cualquier otro consistorio de la provincia, va a presentar «bastantes menos» proyectos que en la última convocatoria, que fue la de 2011. Entonces solicitó 16, de los que les concedieron ocho. «Tenemos que estudiar cuántos centros podemos acreditar porque los requisitos de equipamiento son nuevos: por ejemplo, para jardinería te piden un invernadero de 200 metros», explica un portavoz del IMFE.

El delegado provincial de Empleo, Mariano Ruiz, es «consciente» de la dificultad que la acreditación previa supone para los ayuntamientos, pero asegura que no hay otro remedio: «La ley estatal de Formación Profesional obliga a hacerlo así». La fórmula que propone para los consistorios más pequeños es «que se unan para presentar proyectos».

Cursos reglados

Otro importante cambio es el de la propia formación que pueden impartir las escuelas taller y los talleres de empleo. Antes la elección de los cursos era más libre pero ahora, si quieren acceder a las subvenciones, los ayuntamientos deben atenerse al listado de especialidades de FPE conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. La ventaja es que los alumnos terminarán los itinerarios formativos con un título reconocido en toda la UE. La desventaja, que las entidades locales tienen menos libertad para escoger los cursos que van a ofrecer. Dentro del catálogo disponible, la Junta además ha primado unas especialidades sobre otras en función de su grado de empleabilidad y su carácter innovador. Hay que tener en cuenta que las subvenciones se van a conceder en régimen de concurrencia competitiva.

También hay otros criterios que pesarán a la hora de evaluar los proyectos, como el número y la proporción de parados existentes en el municipio, la aportación de dinero por parte de la entidad promotora (para así minorar la subvención necesaria), la existencia de compromiso de contratación de alumnos o el grado de éxito que haya obtenido la entidad en anteriores proyectos (entendiendo por éxito el porcentaje de alumnos que terminan el curso).

Otra novedad que no gusta a la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller es la reducción de la duración de los proyectos a la mitad: de dos años a uno. «Es una pena porque por experiencia, sabemos que cuando realmente se ven los frutos de estos programas es a partir del año. Muchos chavales vienen del fracaso escolar, muy maleados. Cuesta tiempo que cojan el ritmo y, sobre todo, que adquieran la actitud necesaria para afrontar el trabajo», afirma Ana García.

Respecto al pago de las subvenciones, se establece que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% del dinero en el momento de la concesión, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total.