Urbanismo no logra reubicar dos gasolineras en Málaga para evitar el pago de una indemnización

Si la autorización para la estación de servicio contemplada en el paseo marítimo de Poniente fue anulada en noviembre del año pasado ante el fuerte movilización ciudadana, la proyectada en los terrenos de los antiguos depósitos que tenía la compañía fue borrada de los planos en enero en un intento de contentar a los partidos de la oposición en su exigencia de ganarle metros al parque dibujado en este solar.

Dos reivindicaciones satisfechas que ahora requieren su encaje. La Gerencia Municipal de Urbanismo no logra cuadrar sendas operaciones debido a las complicaciones con las que se está encontrado para compensar a la empresa por el incumplimiento de un convenio firmado hace 14 años. Un acuerdo por el que a cambio del desmantelamiento de los surtidores que tenía en la calle Alemania, Fuente Olletas y el puente del Carmen, el Consistorio permitiría la construcción de nuevas estaciones en la avenida de Valle-Inclán (lleva años en funcionamiento), la confluencia de las avenidas de Juan XXIII y Europa; y junto a la rotonda de acceso a la urbanización de Sacaba.

Pese a que los trámites para ambos proyectos estaban bastante avanzados (la de Juan XXIII tenía licencia de actividad y solicitada la de obras; mientras el expediente de la de Sacaba estaba a punto de ser aprobado), en Repsol se han mostrado en todo momento abiertos a estudiar ubicaciones alternativas, pero no a cualquier precio. En las conversaciones que desde entonces se vienen manteniendo, la multinacional no ha puesto ningún inconveniente a trasladar sus derechos a otros puntos donde su presencia no suponga un problema, pero siempre que los nuevos emplazamientos cumplan unas condiciones similares en cuanto a potenciales beneficios.

Y ahí está el problema, porque de momento las opciones que se han puesto sobre la mesa (una de ellas sería Colinas del Limonar) no convencen a la petrolera. En el Ayuntamiento aseguran que la negociación está abierta y destacan la predisposición al diálogo de la empresa, pero también reconocen que la solución es «complicada».

En caso de no llegar a un acuerdo, la única salida que le queda al Ayuntamiento es indemnizar a la multinacional bien pactando una cuantía bien a través de una expropiación forzosa que podría demorarse años en función de la cuantía que se fije. Al margen de lo que tendría que pagar por la expropiación también habría que sumar el dinero que las arcas municipales dejarían de ingresar. En el caso de los 3.500 metros cuadrados reservados inicialmente para la gasolinera en los terrenos Juan XXIII, el Consistorio tendría que renunciar a 1,2 millones de euros por la plusvalía que generaba el traslado que se acordó en el año 2002 hacia la esquina con la avenida de Europa desde su localización originaria, en la esquina norte, con la calle Bodegueros.