La consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol se desinfla y obliga a una salida pactada

Se aprobó a finales de enero y estaba llamada a ser la primera consulta popular que se organizaría en Málaga, pero la realidad es que a medida que pasa el tiempo se antoja más remota la posibilidad de que los malagueños decidan el futuro de los terrenos de Repsol para zanjar el debate que hasta el momento no han sido capaces de resolver los cinco grupos políticos del Ayuntamiento sobre si deben mantenerse las torres de viviendas, equipamientos y un parque de 70.000 metros previstos inicialmente; destinarse los 177.548 metros cuadrados de parcela de los antiguos depósitos a la creación de un gran bosque urbano en una de las zonas más masificadas de toda Europa; o adoptar una solución intermedia.

A día de hoy, la situación está igual de encallada que lo estaba en mayo, cuando el secretario general del Ayuntamiento advirtió de que la ley no permite realizar una consulta popular si se ve afectada la hacienda local, como sería el caso ya que el Consistorio es titular de parte de unos derechos edificatorios en la parcela que, cuando fueron tasados hace una década en pleno boom del ladrillo, se cifraron en 70,3 millones de euros. Posteriormente, y a petición del PSOE, el habilitado nacional emitió un nuevo informe en el que dejaba la puerta abierta a la realización de un sondeo o encuesta para conocer qué quieren los vecinos. Una puerta que ni el equipo de gobierno del PP ni su socio de investidura Ciudadanos tienen intención de atravesar al considerar que una muestra aleatoria de una pequeña parte de la población (la consulta establecía que podían votar todos los empadronados mayores de 16 años) no debería servir para tomar una decisión de tal calado. Teniendo en cuenta que los 13 ediles del PP y los 3 de su socio de investidura suman una mayoría suficiente en la Casona frente a los 15 de los partidos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente), la posibilidad de preguntar a los ciudadanos se desvanece.

«No podemos dejar en manos de una encuesta un proyecto desarrollable que en su conjunto puede suponer una inversión de 225 millones y generar unos 3.000 empleos», apunta el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.

En este sentido, cabe reseñar que según los cálculos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el impacto para las arcas públicas que supondría renunciar a los usos residenciales sería de 155 millones entre el dinero que dejaría de ingresar por renunciar a los aprovechamientos urbanísticos (70,3 millones), lo que tendría que pagar para obtener el resto de la finca (la parte que posee la Sareb o banco malo está tasada en 53,4 millones y el suelo para las 400 VPO en otros 11,4) y los aproximadamente 20 millones que se llevarían la creación del parque y las infraestructuras viarias.

En una postura similar, en Ciudadanos también reconocen que la alternativa del sondeo «no convence». «No puedes hacer una encuesta preguntando a la ciudad entera porque entonces sería una consulta encubierta, así que si la consulta como tal no es viable, tendremos que sentarnos a encontrar una salida», afirma el viceportavoz de la formación naranja, Alejandro Carballo. En definitiva, volver a negociar.

Nuevos contactos

Y eso es precisamente lo que pretende hacer la próxima semana con Ciudadanos el gobierno que preside Francisco de la Torre, donde después de mostrarse reacios todo lo que va de año ahora ya no ocultan que van a tener que sacrificar parte del proyecto residencial para salir de esta encrucijada. «Estamos dispuestos a estudiar hasta dónde podemos llegar, pero conviene recordar que estamos hablando de modificar una normativa urbanística que requiere una viabilidad técnica, jurídica y económica», expone Pomares, quien además de incidir en el discurso de que está en juego toda una estrategia de desarrollo que afecta a todo el entorno, precisa que aunque en Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero hace falta un pulmón verde, también se necesita una revitalización urbanística, social y económica.

De momento, a lo más que ha llegado el equipo de gobierno ha sido a plantear más zona verde (el original contemplaba un parque de 70.000 metros cuadrados, similar al Parque del Oeste) a costa de quitar equipamientos. Pero manteniendo intactos los cuatro rascacielos de hasta 34 plantas para 932 viviendas, oficinas y un hotel, así como otros cuatro edificios para 400 VPO.

Ante el bloqueo existente, en las filas populares ya barajan la opción de renunciar a alguna de las tres torres que corresponden al Ayuntamiento (la cuarta, en la que irían viviendas y el hotel, pertenece a la Sareb o banco malo) para ganarse el apoyo de Ciudadanos. Aunque podría ser insuficiente para convencer a la formación naranja, cuyo planteamiento consiste en reducir a un tercio los usos residenciales, comerciales y de equipamientos públicos para así destinar todo el suelo situado al sur del bulevar a ese pretendido bosque urbano de 124.000 metros cuadrados. «Si quieren mantener las cuatro torres, que no cuenten con nosotros», advierten de partida. ¿Y si renuncian a una? En Ciudadanos tampoco lo acaban de ver factible, pero sí que se muestran abiertos a «flexibilizar» su propuesta «si el equipo de gobierno plantea algo razonable».

Mientras tanto, los tres grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) se mantienen firmes en su apuesta por borrar de los planos todo el ladrillo y destinar la finca íntegramente a un gran pulmón verde, como también defiende la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, que el pasado mes de julio se presentó en el Ayuntamiento con 30.000 firmas de apoyo como aval.

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