La presión de los padres arranca a la Junta a comprometerse a retirar el amianto de los colegios
Ampas y colectivos sociales aplauden la iniciativa, pero con cautela al anunciarse en vísperas de las elecciones sin fijar plazos ni presupuesto
Francisco Jiménez
Miércoles, 22 de junio 2016, 00:31
El pasado viernes, la Junta de Andalucía achacaba a intereses electoralistas los últimas iniciativas de los partidos políticos para pedir la retirada del amianto de ... los colegios públicos. «Estamos en periodo electoral y hay que sacar algún tema», llegó a decir la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, en referencia a sendas proposiciones no de ley impulsadas en el Parlamento autonómico primero por Podemos, que fue rechazada por la mayoría que sumaron PSOE y Ciudadanos, y luego por la propia formación naranja.
Ahora, con los comicios generales a la vuelta de la esquina, es el propio Gobierno regional el que reacciona a la presión de los padres de los centros educativos de toda Andalucía anunciando que en apenas dos semanas se presentará un plan para el desmantelamiento progresivo de todas las estructuras de los colegios públicos (fundamentalmente cubiertas y tuberías) realizadas con este material, cuyo uso en la construcción fue generalizado especialmente en las décadas de los 70 y 80 hasta que en diciembre de 2001 quedó prohibido en España (2005 en toda Europa) al demostrarse su vinculación con graves enfermedades del aparato respiratorio como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma. No es peligroso cuando está en perfectas condiciones, pero sí cuando se deteriora por el paso del tiempo (su vida útil es de unas cuatro décadas) o se manipula de manera que sus fibras pasen al aire. El asbesto o amianto, comúnmente conocido como uralita porque ése era el nombre de la empresa que lo comercializó en España, está presente aún en numerosas edificaciones, incluidos los centro educativos.
¿Cuántos? A día de hoy sigue siendo una incógnita, pero en una ligera inspección realizada por la plataforma ciudadana Málaga Amianto Cero se detectó a simple vista en 24 de los 80 colegios visitados, por lo que extrapolando este 30% a toda una provincia con cerca de 800 centros y teniendo en cuenta su presencia invisible, se estima que pueden rondar los doscientos. En ese listado no están ni el instituto Miraflores de los Ángeles ni el colegio José Calderón, pero porque no se incluyeron en el estudio. Precisamente este lunes, padres del centro ubicado en Campanillas acudieron a la Fiscalía de Menores para que intervenga en esta lucha en la que llevan inmersos desde 2008, demanda que también han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz.
Un plan en 15 días
«En el plazo de 15 días va a llegar al Consejo de Gobierno una propuesta de programación de retirada progresiva del amianto de los centros educativos de Andalucía, que tiene que ser compatible con el calendario escolar», avanzaba ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, quien presumió de que «ante el mínimo dato de incertidumbre e inquietud por parte de las familias, el Gobierno andaluz toma las riendas en el asunto y quiere dar una respuesta inmediata». Eso sí, de momento, sin concretar plazos, aunque dada su elevada toxicidad, el verano es el periodo en el que debe actuarse. ¿Este verano? Se antoja prácticamente imposible teniendo en cuanto que este plan no deja de ser a día de hoy una declaración de intenciones. Pese a ello, insistió en lanzar «un mensaje de tranquilidad» a los padres. En este sentido, desde Educación remarcan que cuando se detecta que existe una rotura «se toman las medidas adecuadas según los protocolos descritos».
Tanto las asociaciones de padres y madres de alumnos (Ampas) como la plataforma Málaga Amianto Cero acogen este compromiso con satisfacción, pero también con altas dosis de escepticismo y cautela por anunciarse en vísperas de la cita con las urnas del 26-J. «Nos parece un salto de gigante que por fin se lo tomen en serio, pero que lo hagan a unos días de las elecciones no deja de ser inquietante», afirmó Francisco Puche, presidente de este colectivo ciudadano constituido hace dos años. Recelos por el «tinte electoral», y también por cómo se desarrollará. «El plan puede ser bueno, malo o regular en función de cómo se haga», precisó Puche, quien también puso el acento en las garantías de seguridad que requiere su retirada advirtiendo de que no son muchas las empresas especializadas en esta materia.
En la misma línea se expresaban los padres y madres del colegio José Calderón de Campanillas. «Son muchos años denunciando la presencia de amianto en los tejados, las jardineras y incluso las tuberías de nuestro centro, así que hasta que no nos lo den por escrito y veamos que se aprueba un presupuesto para ello no nos fiamos», apunta la secretaria del Ampa, Mari Ángeles Guzmán. Las mismas dudas que sugieren en el Instituto Miraflores de los Ángeles, donde el asbesto se ha encontrado bajo unas encimeras del laboratorio. «Se puede rascar con las uñas», advierte la secretaria del Ampa, Rosa María Pinto. Amianto en centros docentes de la capital y también en el resto de la provincia. Como en el Palma de Mallorca de Torremolinos, construido hace más de cuatro décadas y en el que este material está presente en las cubiertas del edificio principal y del gimnasio, como remarca la representante de los padres, Mari Ángeles Sánchez; o el Nuestra Señora de los Remedios de Cártama, con tejados de uralita. «No acabo de creérmelo», sentencia María García, cuyos hijos están matriculados en este centro.
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