La Junta hace su examen a los alumnos de 2.º de Primaria y se mantiene firme contra las reválidas

Al mismo tiempo, Andalucía sigue con su oposición frontal a las evaluaciones que contempla la LOMCE para los alumnos de sexto de Primaria. Ayer mismo, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, respondió a la amenaza del ministro Méndez de Vigo sobre un posible recurso ante la Justicia si no se hacen las reválidas fijadas en la LOMCE. «Si el ministro intenta recurrir, puede empezar recurriendo por Galicia», dijo De la Calle, refiriéndose a una región gobernada por el PP donde las pruebas las han realizado los profesores del centro y no agencias externas, como señala la ley.

Detectar dificultades

Las pruebas Escala son responsabilidad de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, AGAEVE, dependiente de la Consejería. Éste será el sexto curso en que se realicen estas pruebas de evaluación, que tratan de determinar el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemáticas. Asimismo, a través de los correspondientes cuestionarios de contexto, se estudia la relación de dicho nivel con los factores de carácter sociocultural.

La directora de la Agencia, Aurelia Calzada, defendió esta prueba de diagnóstico, puesto que busca «detectar dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura y competencias matemáticas en el momento en que se adquieren esas competencia, segundo de Primaria» y, además, «con total anonimato y sin hacer ránkings de centros». Según Calzada, estas pruebas han permitido corregir algunos aspectos docentes y que han llevado a un incremento de las horas de lectura en los colegios o más horas de matemáticas y lengua. Además, esta prueba «no supone ningún estrés para el alumnado, ya que es su propio profesor o profesora el que les hace la prueba».

Pero el modelo de evaluación de sexto contemplado en la LOMCE «no es comparable», afirmó, por varias razones: «se realiza al finalizar la etapa de Primaria, cuando ya no es posible tomar medidas correctoras, lo hace profesorado externo, que no conoce al alumnado, y porque no se cumple la finalidad que debe tener toda evaluación, que es conseguir la mejora del sistema». Por esto, y como ya anunció la consejera, Andalucía realizará una evaluación continua «a través de las técnicas y herramientas evaluadoras que contemple el equipo docente, de manera que cada alumno tendrá su evaluación individualizada que recogerá en su expediente las competencias matemática, lingüística y tecnológica que marca la LOMCE», aseguró Aurelia Calzada.

Críticas sindicales

Algunos sindicatos han criticado la realización de esta prueba. El sindicato de profesores APIA apoya las evaluaciones externas «siempre que sean objetivos y homologables», algo que, según su portavoz, no sucede con estas de la AGAEVE. «Hemos preguntado en más de una ocasión a la Consejería quién está detrás de esta agencia, cómo se diseñan estas pruebas, bajo qué criterios didácticos y pedagógicos, y no hemos obtenido respuesta». Ponen en duda su validez porque es el profesor el que hace la prueba y también el que la corrige.

El sindicato USTEA habla de «despilfarro», puesto que, aseguran, estas pruebas cuestan cada año 500.000 euros, y la agencia encargada de realizarlas «gasta 5 millones de euros al año desde su creación en 2009, de dinero público». Consideran también que «someten absurdamente a nuestro alumnado a un mal trago, que suele resultar estresante, consistente en estar durante dos o tres días sentados y sin salir del aula en periodos de en torno a hora y media, dos horas». Una crítica en la que coinciden desde ANPE: «Estas pruebas de un solo día someten al alumnado a una situación estresante». Entiende este sindicato que «tiene que haber algún tipo de prueba» para detectar las necesidades del sistema; ahora bien «las pruebas Escala son pruebas que se realizan en un solo día que difícilmente servirán para obtener una información fiable de las necesidades del alumnado y de las mejoras necesarias», aseguran. Así mismo «suponen un elevado coste económico y una elevada carga burocrática para el profesorado.

FETE-UGT, en cambio, apoya esta evaluación, ya que sirve para detectar problema entre el alumnado a una edad temprana, a niños y niñas con 7 años, cuando se está a tiempo de detectar necesidades específicas y por tanto de «tomar medidas para la atención a la diversidad». El secretario de comunicación de FETE-UGT, Samuel Izquierdo, también valora la implicación del centro, «que debe realizar propuestas de mejora e incorporar estos resultados a los documentos de planificación del centro». Según Izquierdo, toda evaluación debe tener como objetivo la mejora de la educación, y «de momento, los estándares que como sindicato exigimos se están cumpliendo», aseguró.