Metro de Málaga... y ahora, ¿qué?

El escenario al que se enfrenta el proyecto del suburbano es el más complejo de su ya de por sí compleja historia. Si nunca fue fácil, y en el 2013 llegó a estar al filo del abismo, en esta ocasión se ha tensado la cuerda un paso más que en aquella ocasión. El Ayuntamiento, por un lado, y la Consejería de Fomento y la concesionaria, por otro, están enrocados en sus respectivas posiciones, a saber: el Consistorio rechaza tajantemente la construcción del tranvía hasta el HospitalCivil y propone cambiarlo por un metrobus de altas prestaciones, tipo BRT. Mientras que los otros dos, que van de la mano, se oponen a la solución sobre ruedas del regidor y se aferran a lo pactado en el protocolo de intenciones de 2013.

De momento, es evidente que las partes ya miden sus palabras en sus declaraciones públicas, conscientes de la carga legal que ellas contienen y de que los otros vigilan. Así, por ejemplo, ayer el alcalde, Francisco de la Torre, no quiso decir abiertamente que él se opone al tranvía, sino que recordó que tanto la presidenta, Susana Díaz; como el consejero, Felipe López, afirmaron que no se haría nada en contra del criterio del Consistorio (Urbanismo ha dicho que es contrario al PGOU);ni de los vecinos (que han presentado ya 10.000 firmas en contra).

Si las relaciones llegan al punto de romperse, ¿qué podría ocurrir? De entrada, una posible hoja de ruta de los acontecimientos a corto plazo marca como primer paso que Fomento podría paralizar las obras que ya están en ejecución en la Alameda Principal, al entender que ambos tramos (este, subterráneo, y el otro, en superficie hasta el Civil) iban en un mismo paquete, conforme se acordó hace más de dos años.

A su vez, en el plano económico e institucional, el Gobierno andaluz podría incoar el inicio de las retenciones de las transferencias autonómicas al Consistorio (Patrica) en cuotas mensuales, por dos conceptos: el valor de las obras que ya se han ejecutado y que le correspondían al municipio, esto es, 40 millones de euros. Más la parte correspondiente por su 25% de la tarifa técnica, en torno a 17 millones de euros al año. Como reacción, el Ayuntamiento acudiría al Contencioso-Administrativo para defenderse y ya estaría totalmente judicializado el problema, durante años.

Mientras, la sociedad concesionaria, como reacción al bloqueo de las obras en el Centro y al consiguiente incumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de toda la red dejaría de prestar el servicio en las líneas 1 y 2, y se declararía en suspensión de pagos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) podría entonces ejecutar el préstamo (325 millones) contra la sociedad explotadora, que acudiría a la Junta como avalista. Además, lógicamente ejercerá sus derechos, también por vía judicial, por el incumplimiento del contrato de la concesión. En total, estarían en juego unos 800 millones de euros.

Por último, el Gobierno andaluz tratará de demostrar que el incumplimiento se ha debido al rechazo municipal, para que el Ayuntamiento pague al menos una parte de los platos rotos del tranvía.