La defensa de la acusada del sacrificio masivo de animales pide que se anule todo el proceso judicial

Instalaciones del albergue Parque Animal, situado en Torremolinos./
Instalaciones del albergue Parque Animal, situado en Torremolinos.

Afirma que el Seprona realizó registros sin autorización del juez y practicó diligencias sin el control del juzgado, lo que vulneró sus derechos

MONTSE MARTÍN

La defensa de la dueña de la protectora Parque Animal de Torremolinos, acusada del sacrificio masivo de 2.183 animales en dos años, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico provocándoles «una lenta y dolorosa agonía», según el fiscal, ha pedido que se anule la causa judicial porque se han vulnerado todos sus derechos fundamentales en la investigación de este caso que realizó el Seprona de la Guardia Civil. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso este periódico, la letrada Raquel Rodríguez pide la absolución de la propietaria de Parque Animal porque el sacrificio de los animales «fue realizado por veterinarios contratados o colaboradores» del centro y no por ella ni por un empleado, como sostienen la acusación pública y la particular. En este sentido, afirma que el hecho de que éstos profesionales nieguen la autoría de la muerte de los animales responde a la «amenaza» del Colegio de Veterinarios de imponerles una sanción disciplinaria y a un «boicot» de todos los veterinarios del centro que «responde a fines espúrios».

La defensa afirma que los miembros del Seprona, tras recibir una denuncia en junio de 2010, «se prevalieron de sus funciones inspectoras para invadir» Parque Animal, donde entraron en cuatro ocasiones «sin contar con el consentimiento de la dueña, la única legitimada para ello, y sin autorización judicial» para tener acceso tanto a los animales que se encontraron, como al medicamento utilizado para las eutanasias, facturas, listado de animales incinerados y recetas. Por ello afirma que la investigación debe ser anulada.

Además, la defensora argumenta que el Seprona «se prevalió de los medios de comunicación para llevar a cabo una labor instructora que sólo corresponde a los juzgados de instrucción o al Ministerio Fiscal extralimitándose en sus competencias», lo que «vulneró» el derecho de la dueña de Parque Animal a un proceso con todas las garantías. En ese sentido, indica que la Guardia Civil, estando ya la causa en poder del juzgado, realizó de oficio, sin control judicial, la mayor parte de los interrogatorios de los supuestos perjudicados, por lo que toda la instrucción debe ser anulada.

Sobre la supuesta falsificación de certificados de eutanasia por parte de la acusada, la defensa sostiene que «no existe prueba de cargo que lo acredite», pues las periciales caligráficas no han podido atribuirle a la acusada la presunta falsedad.

Respecto al maltrato animal, niega que fuera ella la que realizara los sacrificios de los animales, ya que éstos eran ejecutados por los veterinarios contratados o colaboradores del centro. No obstante, asegura que el número de animales ejecutados (2.183 e un periodo de dos años) es «totalmente lícito» y no responde al finalidad de reducir costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados, como aseguran las acusaciones, ya que Parque Animal, según la ley, tenía un plazo mínimo de diez días para sacrificarlos si no se encontraban nuevos dueños. En ese sentido, precisa que «no existe albergue con capacidad suficiente como para albergar la infinidad de animales abandonados que pueden ser recogidos en las calles».

Sufrimiento

También rechaza la defensa que se provocara sufrimiento a los animales, pues el informe de la necropsia realizado sobre una muestra de órganos señala que no ha se podido determinar si los animales sufrieron o no. La prueba concluye, además, que el medicamento veterinario utilizado para la eutanasia (Dolethal) en dosis inferiores a las recomendables, es anestésico y no eutanásico, mientras que otro perito asevera que «no está demostrado que dosis inferiores provoque un sufrimiento en el animal».