El comité de Isofotón pide a Alaya que investigue el dinero público recibido por la empresa

En concreto, el comité ha apuntado la necesidad de revisar los avales, préstamos y ayudas que la Junta de Andalucía ha concedido a Isofotón para el fomento de la viabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo y que superan los 62 millones de euros, de los que 37 millones se concentran en los últimos cuatro años.

Entre ellas, los sindicatos destacan tres avales por valor de un total de 29 millones de euros otorgados por IDEA para la financiación de circulante entre los años 2010 y 2011, así como el préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón en el mes de agosto de 2012 para financiar una nueva línea de producción que nunca se llegó a poner en marcha. Los representantes de los trabajadores defienden que estas ayudas «podrían no haberse destinado al fin para el que se concedieron».

El comité apunta que la propia Junta de Andalucía tuteló e incluso «buscó» a los actuales dueños, los hermanos Serrano, cuando en el año 2009 el Grupo Bergé la puso en venta. En este sentido, el comité señala que, sin perjuicio de las ayudas anteriores a 2010, se observa que, desde que entró en la empresa el Grupo Affirma, las ayudas y avales a Isofotón superan los 37 millones de euros.

Asimismo, los sindicatos argumentan que nunca se conocieron las condiciones de compraventa de la empresa, «secreto mejor guardado entre la Junta de Andalucía y el Grupo Affirma», y apenas cuatro años después la empresa cierra y despide a todos sus trabajadores, «lo que nos hace pensar en el mal destino de las ayudas públicas concedidas», expresan los representantes del comité.

Denuncias archivadas

Cabe recordar que la propia Junta de Andalucía presentó, en el mes de agosto del año pasado, una denuncia por estafa contra Isofotón por el destino que dio la empresa a los 8,4 millones de euros que le prestó para una nueva línea de fabricación que no se llevó a cabo.

Dicha querella fue archivada por la Fiscalía dos meses después, al considerar que los hechos carecen de responsabilidad penal. El sindicato CSIF también había presentado previamente una denuncia por el mismo motivo, que igualmente fue archivada.